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En la conferencia también estuvieron presentes los abogados de la familia Romano, Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton. El último de ellos calificó la contestación de la demanda del Estado como "descabellada, improcedente y una brutalidad". "Desde entonces venimos exigiendo protocolos de actuación del 911 y todavía no existen. Esperamos que la sentencia civil sea ejemplificadora para el Estado y para que las cosas por fin cambien", agregó.
En tanto que la diputada provincial del Frente de Todos, Laura Chazaretta, criticó que "el Gobierno no puede hacer apología de la violación, del femicidio, responsabilizando a los padres de la víctima y a los vecinos que no insistieron con la llamada al 911". También tildó las expresiónes del abogado Canet de "misóginas" y recalcó que "no puede ser que el Gobierno lo único que hace es responsabilizarnos a nosotras".
Polémica respuesta
Los padres y el hermano de Florencia Romano inciaron una demanda civil al Estado provincial reclamando $300 millones por el femicidio en Maipú. El argumento principal es que el hecho de sangre se podría haber evitado si la operadora del 911 que atendió la llamada de un testigo hubiera dado intervención al personal policial en lugar de cortarle a su interlocutor. Con parte de ese dinero buscan crear una fundación para asistir a víctimas y familiares de violencia de género.
El Gobierno, a través de su asesor legal, respondió rechazando el resarcimiento ya que los padres de la víctima "han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente". "Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo", esgrimió el letrado Ricardo Canet.
El expediente está en manos de la jueza civil Marina Lilen Sánchez que en los próximos días dictará sentencia, según trascendió.