Otro revés judicial para una comunidad mapuche en Mendoza.
Conflicto
La Corte rechazó un planteo de mapuches que resisten el desalojo de 2 mil hectáreas en el sur
Mapuches volvieron a la Suprema Corte de Justicia por la nulidad de un fallo supremo de 2024 y el máximo tribunal dejó firme el desalojo impuesto por la Justicia Civil
Mapuches del sur de Mendoza volvieron a perder en la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte de Justicia rechazó, con un fallo unánime, la pretensión de la comunidad mapuche Lof Yantén Florido de anular sentencias anteriores que determinaron el desalojo de 2.000 hectáreas de El Sosneado, en el sur provincial, bajo el argumento de que no les pertenecen.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia lleva las firmas de Mario Daniel Adaro, Julio Ramón Gómez y Norma Liliana Llatser rechazó un planteo de nulidad y revisión de la cosa juzgada.
Mario Daniel Adaro, juez de la Suprema Corte que rechazó un nuevo planteo de la comunidad mapuche de El Sosneado.
Mapuches y un largo derrotero judicial
La comunidad mapuche Lof Yantén Florido volvió a la Suprema Corte contra un fallo del mismo tribunal fechado el 21 de noviembre de 2024.
La sentencia había establecido que 7 familias mapuches deben desalojar el predio que ocupan en El Sosneado, entre los departamentos San Rafael y Malargüe.
El fallo tuvo la mayoría firmada por Dalmiro Garay y Teresa Day. En disidencia, el ministro Omar Palermo había votado a favor de admitir el recurso.
Los autoproclamados mapuches residentes en El Sosneado deberán desalojar unas 2.000 hectáreas según lo dispuesto por la Corte en su fallo ahora confirmado.
Al igual que en la primera y segunda instancias del fuero Civil y Comercial, la Corte había resuelto que la comunidad mapuche Lof Yantén Florido no es dueña de los terrenos en pugna porque no le reconoció derechos ancestrales de posesión.
Todas las sentencias judiciales que implican a la comunidad mapuche Lof Yantén Florido se dictaron en el contexto de disputas por la posesión de tierras en Mendoza.
Desde lo administrativo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido derechos ancestrales a diversas comunidades indígenas de todo el país.
A partir de entonces, el Gobierno de Mendoza presentó recursos administrativos ante la Nación contra las resoluciones del INAI, que consideró "irregulares".