La Justicia provincia ratificó la condena contra el ex intendente de Luján de Cuyo Carlos López Puelles por amenazar a una abogada. El exfuncionario había sido sentenciado a una pena de 7 meses de prisión en suspenso.
La Justicia provincia ratificó la condena contra el ex intendente de Luján de Cuyo Carlos López Puelles por amenazar a una abogada. El exfuncionario había sido sentenciado a una pena de 7 meses de prisión en suspenso.
En un juicio que se realizó hace casi dos años, Carlos López Puelles fue encontrado culpable de discutir telefónicamente con su expareja, con quien atravesaba un complejo proceso de divorcio, y en ese momento dijo que iba a "buscar y cagar a trompadas" a su abogada.
Tras la sentencia, la defensa del acusado acudió a la Suprema Corte de Justicia en busca de revertir el fallo. Entre sus planteos destacaron que la principal prueba, que fue el audio que grabó la expareja mientras hablaban por teléfono, fue obtenida en forma ilegal y que no puede ser valorada en la causa. Además, se violó el derecho a la intimidad porque "era una llamada privada".
Lo cierto es que los ministros Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro rechazaron los planteos defensivos y confirmaron la sentencia en cuestión. La defensa podrá insistir con un recurso ante la Corte nacional.
El 7 de junio de 2017, Carlos López Puelles estaba discutiendo telefónicamente con su expareja. La mujer estaba siendo asistida legalmente por Carolina Jacky, una reconocida abogada transexual que ha intervenido en numerosas causas de violencia de género y en luchas del colectivo LGBT.
La expareja de López Puelles estaba grabando la conversación y en el audio quedó registrado cuando el exfuncionario dijo que a Carolina Jacky la iba a "buscar y cagar a trompadas" pero se iba a poner "pollerita para que no sea violencia de género".
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Si bien el ex jefe comunal no debe cumplir la actual condena en la cárcel, afronta otras dos investigaciones que deben ir a juicio. Una en la Fiscalía de Violencia de Género, donde está imputado por el delito de coacciones. En concreto, la acusación sostiene que durante el proceso de divorcio con su exesposa comenzó a obligarla a firmar el acuerdo de división de bienes ya que si no lo hacía comenzaría a difundir información en su contra, abusando de su posición de poder.
La otra causa, en la Fiscalía de Delitos Económicos, es por un presunto enriquecimiento ilícito ya que no podría justificar la titularidad de un grupo de empresas y la tenencia de cheques y una fuerte suma de dinero en efectivo que surgió de testimoniales en su contra en otras causas.
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