La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por la desaparición forzosa y los posteriores asesinatos de José Zambrano y Pablo Rodríguez, ocurridos en Mendoza en el año 2000 a manos de policías en actividad.
El Estado argentino fue condenado por no esclarecer un doble crimen en Mendoza hace 25 años
La Comisión Interamericana de DDHH declaró al Estado argentino responsable de la impunidad en las desapariciones forzosas y asesinatos de José Zambrano y Pablo Rodríguez en el 2000
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue dada a conocer en las últimas horas y está fechada en agosto último. Para el Tribunal internacional, las autoridades políticas y judiciales de la época no investigaron las denunciadas desapariciones y asesinatos de José Zambrano y Pablo Rodríguez de manera diligente, lo que generó una situación de impunidad.
Según la CIDH, Argentina violó múltiples derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas: al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Dispuso, entonces, medidas de reparación, incluyendo un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
El abogado Carlos Varela Álvarez fue peticionario ante la CIDH y llevó el caso en los Tribunales provinciales. La ONG Xumek actuó ante la CIDH.
Zambrano y Rodríguez: desaparición, muerte e impunidad
Cuando fueron vistos vivos por última vez, José Zambrano (28) y Pablo Rodríguez (25) iban a reunirse con policías. El primero de ellos era informante, se supo. Era marzo de 2000.
Nunca volvieron a sus casas por lo que las familias denunciaron las desapariciones. Roberto Iglesias gobernaba Mendoza y Leopoldo Orquín era ministro de Seguridad. Se ofreció recompensa en dinero a cambio de datos certeros.
El 4 de julio de 2000, los cadáveres mutilados de José Zambrano y Pablo Rodríguez fueron hallados semienterrados en la zona de Los Barrancos, en Godoy Cruz, gracias al dato aportado por el puestero José Luis Robertson, quien cobró los $40 mil ofertados.
Zambrano había recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza. Su amigo, dos: en la cabeza y el pecho. Los habían golpeado salvajemente.
El Peugeot 205 de Zambrano fue hallado 4 días después de las denuncias por las desapariciones. Los peritos forenses detectaron manchas de sangre y huellas.
La investigación judicial estuvo a cargo del juez de instrucción Rafael Escot, quien detuvo y mandó a juicio al policía Felipe Gil Fernández y al civil Mario Díaz.
Al final del debate oral y público, la Séptima Cámara del Crimen los absolvió por el beneficio de la duda y los liberó. Gil Fernández le hizo un juicio al Estado y lo ganó por una cifra varias veces millonaria.



