La Suprema Corte de Justicia resolvió que Carolina Jacky y Carlos Lombardi, dos reconocidos abogados de Mendoza, deben pagar casi $50 millones por un juicio que perdieron y en el cual habían reclamado una indemnización para su cliente que fue considerada "exorbitante".
Dos abogados perdieron un juicio y la Suprema Corte decidió que deben pagar casi $50 millones
La sentencia de la Sala I de la Suprema Corte de Justicia fue unánime y lleva las firmas de Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez.
Los magistrados rechazaron la demanda por daño extrapatrimonial contra el Estado provincial, un operador de OAL (Órganos Administrativos Locales) y dos jueces de Familia por $78 millones que fue presentada por la familia de una víctima de violencia de género que se quitó la vida.
Y dispusieron que los abogados paguen $49.140.000 de honorarios de los otros siete letrados que intervinieron en el proceso judicial.
Mencionó la Sala I antecedentes locales, nacionales e internacionales para demostrar "lo exorbitante" de la indemnización reclamada y al día de la sentencia -28 de marzo- calculó que al tipo de cambio oficial sería de U$S 364.571.
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Los abogados aseguraron que apelarán la sentencia
Carlos Lombardi y Carolina Jacky dijeron este mediodía a Diario UNO que apelarán la sentencia a través de un Recurso Extraordinario o de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Qué dijo la Suprema Corte de Justicia
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La Corte llevó el caso al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados
El máximo tribunal envió esta sentencia al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza para que el Tribunal de Ética de esa institución "investigue la conducta" de Lombardi y Jacky y verifique si cumplieron las pautas de conducta profesional vigentes.
En forma solidaria, ambos letrados deberán pagar casi $50 millones de honorarios a siete colegas, a quienes la Suprema Corte les liquidó sumas que van desde $2.340.000 hasta $14.040.000 teniendo en cuenta un porcentaje del dinero reclamado como indemnización.
La denuncia de violencia de género institucional fue contra el Estado provincial, Juan Manuel Casas -titular del OAL de Godoy Cruz- y los jueces de Familia Marcos Krochik y Marisa Peralta.
Los representantes de los demandados rechazaron la demanda y, al igual que la Fiscalía de Estado, solicitaron a la Corte que los abogados Lombardi y Jacky se hicieran cargo de las costas del proceso.
El origen del pleito: el caso de Cintia Villarruel
La demanda indicó que Cintia Villarruel se quitó la vida en 2019 debido a que la OAL de Godoy Cruz apartó a su hija y decidió que debía estar con el padre.
La intervención de los jueces de Familia mencionados también fue cuestionada por el padre de la víctima fatal, que tramitó la demanda judicial.
La Provincia rechazó el juicio bajo el argumento de que no se señaló el error en el proceso cuestionado. Y todos los demandados consideraron "exagerado e irreal" el monto de $78 millones reclamado por la familia Villarruel.
Dijo la Fiscalía de Estado: "Impugno el monto peticionado por abusivo y solicito que se impongan las costas al actor (demandante), y solidariamente a los profesionales que lo representan y patrocinan".
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