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Megacausa federal

Dictan el procesamiento y la prisión preventiva del juez federal Walter Bento

El juez Eduardo Puigdéngolas decidió el procesamiento y la prisión preventiva de Walter Bento y le embargó a él y a su esposa una suma millonaria

En el primer día hábil después de la presentación de las listas de candidatos para las próximas elecciones legislativas, la Justicia dictó el procesamiento y la prisión preventiva para el juez federal con competencia electoral Walter Bento. El magistrado había sido imputado como jefe de una asociación ilícita, seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El procesamiento de Bento fue resuelto por el juez sureño Eduardo Puigdéngolas, que además dispuso la prisión preventiva, según aportan fuentes judiciales para evitar un posible riesgo procesal, esto es que el magistrado pudiera incidir la investigación que hay abierta en su caso.

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Sin embargo, esta última medida no se ejecutará en lo inmediato porque Bento tiene fueros que impiden ese arresto. Para llegar a eso hay que pasar por un proceso de desafuero.

También se le trabó un embargo sobre los bienes tanto del juez como de su esposa, Isabel Boiza. Al magistrado se le trabarán bienes por la friolera suma de $177.610.000; para los bienes de su mujer el monto fue de $149.173.600.

Este procesamiento y el dictado de prisión preventiva podrían incidir en el corto plazo en el Consejo de la Magistratura, en donde podrían avanzar con una suspensión del magistrado mendocino.

Esa decisión no es menor en estos días, ya que el juez Bento tiene competencia electoral y debiera ser él quien resolviese por ejemplo alguna impugnación que pudiera surgir de la presentación de listas. Tanto las que pudiera presentar el Frente Cambia Mendoza de las listas colectoras que habría presentado el Frente de Todos, como de la misma impugnación que este último frente pudiera hacer de la candidatura del gobernador Rodolfo Suarez en las listas de senadores nacionales.

La acusación

Estos términos legales implican que, para la investigación, el juez federal lideró una banda que se dedicaba a cobrarle coimas a presos para que obtengan beneficios –prisión domiciliaria o libertad-. Se cree que ese dinero ilegal luego fue lavado con un incremento patrimonial que no puede explicar pese al importante sueldo que cobra en la Justicia.

Walter Bento arriesga una pena de entre 5 y 41 años de cárcel, pero no quedará detenido ya que primero hay que pasar por un proceso de desafuero.

La imputación también recayó en la esposa del magistrado de la Justicia Federal, Isabel Boiza, quien fue acusada formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La mujer también quedó en libertad.

Los otros presuntos integrantes de la asociación ilícita fueron tres abogados: Alejandro Matías Aramayo, Martín Ríos y Luciano Ortego –este último tiene un parentesco con Carlos Menem y ha sido investigado por estafar a una clienta-.

La Fiscalía sostiene que el trabajo de los letrados era comenzar a representar legalmente a ciertos presos en causas que eran instruidas por el juez Walter Bento. El puente para hacer llegar las coimas al magistrado era Diego Aliaga, el hombre desaparecido y luego encontrado asesinado a mediados del año pasado.

Se sigue discutiendo si el crimen de Diego Aliaga debe pasar de la Justicia Federal a la provincial.

También hay un puñado de presos imputados por cohecho activo. Hay varios de la megacausa de contrabando que tiene en su lupa a varios empresarios y también el presunto financista de una narcobanda, Walter Badinella Donoso, cuyo teléfono celular fue clave para avanzar en la causa por coimas.

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