Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, el alerta se encendió dentro de las cáceles debido a posibles contagios masivos en caso que el virus ingresara. Debido a esto, la Justicia atiende todos los casos de internos que estarían dentro del grupo de riesgo, pero no todos reciben el beneficio de prisión domiciliaria para cumplir la cuarentena en su casa familiar.
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Uno de los primeros casos resonantes que recibió este beneficio por la pandemia, es el del profesor de la UNCUyo Mauro Aguirre, acusado de abuso sexual a dos alumnas que en 2010 y 2015, cuando ocurrieron los hechos, tenían 18 y 19 años.
Aguirre tiene 67 años, por lo que está dentro del grupo de riesgo, y esto fue lo que hizo que la jueza Dolores Ramón falló a favor de él, pero sujeto a estrictas normas que debe cumplir, sino regresará al penal.
Otra domiciliaria fue para Mónica Castro, de 54 años, más conocida como La Bruja, acusada de ser la autora intelectual del crimen del médico León Burela, quien fue asesinado de cuatro tiros en su casa del barrio Kolton, de Las Heras, en abril de 2019.
La Bruja consiguió este beneficio debido a que es hipertensa y tiene asma, por lo que en caso de contraer coronavirus, su cuadro podría ser complicado.
Mucha repercusión tuvo la salida del penal de Diego Aduino, condenado a 16 años por asesinar a Alejo Hunau en 2004. Su defensa presentó que el condenado tiene asma, pero luego indicaron que padece epoc.
En un gesto único, Silvia Ontiveros, madre de Alejo, estuvo de acuerdo con que recibiera prisión domiciliaria al decir que esto se trata de una cuestión de salud y ella no está de acuerdo con la pena de muerte.
En febrero, Arduino había pedido la libertad condicional, y en ese momento Ontiveros se opuso y la Justicia le negó ese beneficio.
Fernando Raymundo Pesetti es un condenado a homicidio que también recibió domiciliaria por tener problemas cardíacos y respiratorios.
En 2017 recibió una pena de 8 años por asesinar de dos puñaladas en el pecho a Alan Garay, un físicoculturista de Las Heras, ocurrido en mayo de 2015.
Pesetti era cartonero, y ese día había dejado unas bolsas en la puerta de la casa de Garay, quien le reclamó que no hiciera eso, lo que provocó una violenta riña que terminó con la muerte del físicoculturista.
Otro caso fue el de Jorge Oscar Ramos, absuelto por el crimen de Susana Cruz de Rubino, ocurrido en octubre de 2005. Pero en 2014 volvió a caer preso por otros delitos.
A los 61 años, y en contexto de pandemia, recibió la prisión domiciliaria.
César Cafiso Montivero, quien cayó preso el año pasado como sospechoso de ser un líder narco, a quien también le secuestraron armas de fuego. Obtuvo la prisión domiciliaria por la Justicia Federal debido a que tiene obesidad, es hipertenso y diabético.
Los que no recibieron el beneficio de la domiciliaria
En este mismo contexto de riesgo por coronavirus, hubo otros casos de presos que a pesar de sus condiciones, no fueron enviados a hacer la cuarentena en sus casas. En algunas audiencias, los mismos presos desistieron de su pedido.
El último de los casos ocurrió este lunes. Se trata del médico Fernando Antonio Fernández, quien el 16 de noviembre de 2015, apuñaló a su esposa en el pecho y en el abdomen en su casa del complejo Portal Alto Las Heras, ubicado en calle San Rafael de ese departamento.
El violento hecho fue escuchado por sus vecinos y frente a la hija menor del matrimonio, quien salió de la casa y pidió ayuda a sus vecinos, quienes vieron a Fernández irse con un cuchillo lleno de sangre. Fue condenado por homicidio agravado y por violencia de género en grado de tentativa.
En la audiencia de hoy presentó certificados de médicos amigos en los que indicaba que tiene asma, pero el médico del Servicio Penitenciario indicó que el los 4 años y medio que lleva detenido, nunca tuvo que ser atendido ni tampoco recibe medicación. Dijo que no tiene ningún problema de salud.
Finalmente la jueza Mariana Gardey rechazó el pedido de prisión domiciliaria.
Adriana Suárez, de 35 años, pidió prisión domiciliaria porque tiene hijos y porque puede contraer coronavirus en el penal, pero su pedido fue rechazado.
Fue condenada a 6 años y 10 meses en marzo pasado por el violento asalto a un matrimonio en su casa de Luján, donde fue brutalmente golpeada la mujer, ocurrido en enero de 2019.
En el caso de Cristian Moyano, acusado de narco en boliches, pidió la domiciliaria porque tiene abuelos que están dentro del grupo de riesgo y debe asistirlos.
La Justicia le negó el pedido e indicó que otros familiares podrían hacerse cargo de sus abuelos.
Luis Vivares, condenado a perpetua por asesinar a su ex esposa con una catana en abril de 2011, y por amenazar de muerte a sus hijos, pidió salir del penal para ser cuidado por su madre, de 78 años. La excusa era que tiene diabetes e hipertensión.
Su hijo Darío intervino en la audiencia y dijo que él y sus hermanos tienen miedo que salga del penal por haberlos amenazado de muerte, al igual que a su madre Mirta Barchiesi, a quien finalmente mató en abril de 2011, cuando la mujer iba a trabajar, en Guaymallén.
Otro femicida que no consiguió la prisión domiciliaria fue Daniel Alfredo Puma, de 38 años, quien fue condenado a 15 años por asesinar en abril del 2011 a su pareja Ingrid Ogás.
Si bien ya tenía salidas transitorias, este beneficio fue suspendido desde que comenzó el aislamiento obligatorio, para evitar que el coronavirus ingrese al penal.
Con este argumento y con un certificado médico por tener asma, pidió permanecer en su casa, pero la Justicia rechazó su pedido y deberá seguir su condena y la cuarentena en la cárcel.
Otro caso que se conoció en los últimos días es el de un chacal de 65 años, quien durante 10 años abusó sexualmente de su hija, tuvo una hija-nieta con ella, y desde que cayó preso tuvo amenazada a su ex esposa para que fuera a visitarlo, sino la denunciaría por abandono de persona.
Como si esto fuera poco, el domicilio que solicitó para cumplir la cuarentena, fue el mismo donde vive su ex esposa junto a sus hijos, y el mismo lugar donde ocurrieron los abusos.
Ante este panorama, la ex mujer se negó en recibirlo nuevamente en su casa, y justicia rechazó plenamente el pedido del hombre.
Un caso similar fue el de un hombre acusado de violar a su nieta en Las Heras. Tiene 67 años, y además es diabético y tiene hipertensión. A pesar de esto, el juez Diego Flamant rechazó el pedido de domiciliara para resguardar a la víctima.
El ex boxeador Carlos Metralleta Pérez fue capturado en Junín a principios de marzo, donde la Policía detectó que estaba vendiendo drogas. Su hijo intentó ayudarlo a escapar, pero fue atrapado en el fondo de su finca.
La Justicia Federal otorgó el beneficio de prisión domiciliaria debido a que su defensa indicó que casi no puede mover sus brazos, uno por un disparo que recibió hace años, y el otro por Parkinson.
