El escándalo desatado por la entrega ilegal de un Chevrolet Corsa blanco -secuestrado en la playa municipal de Capital en 2022 y retirado con documentación apócrifa en 2025- escaló hasta la máxima instancia de la Justicia mendocina. Este viernes, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, aportó datos sobre el avance del caso que se destapó por casualidad, luego de un accidente en el Acceso Sur.
Accidente y papeles truchos: el escándalo del Corsa llegó a la Corte y Garay reveló los ejes que se investigan
El presidente de la Suprema Corte defendió la actuación de la jueza que liberó el auto antes del accidente. Las líneas de investigación sobre la presunta estafa
En diálogo con el periodista Matías Pascualett (radio Nihuil), Garay confirmó que el máximo tribunal intervino sin esperar requerimientos externos: "Frente a un supuesto de fraude, de alteración de documentación pública y privada, lo que yo he instruido a la Inspección Notarial es que haga la inspección correspondiente a la notaria que se dice que habría autorizado ese poder que se presentó (nota de r: se trata de Lorena Barzola). Lo hicimos de oficio, sin necesidad de que nadie nos lo pida".
Estafa y responsabilidades: "La abogada de la comuna acompañó la documentación"
Uno de los puntos más trascendentes expuestos por Garay radica en el origen de los papeles falsificados dentro del expediente con el que se "liberó" el Corsa.
Al ser consultado sobre cómo ingresó el falso poder atribuido a la dueña fallecida, Nora Cadelago, el presidente de la Corte aclaró que la presentación no provino del falso interesado directamente ante el juzgado, sino a través de la representación legal del municipio.
"Hicimos una pequeña investigación y lo que pasó fue que la propia abogada de la comuna fue la que entregó la documentación a la jueza", apuntó Garay, quizá haciendo referencia a Mariela Spaltro, la actual titular del área de Remates Judiciales de la Ciudad de Mendoza.
Esta confirmación judicial pone el foco sobre los filtros de control de la Municipalidad de Capital, que la semana pasada argumentó haber actuado bajo "buena fe" y de acuerdo a la "apariencia de legalidad" del papel que portaba el supuesto Pablo Núñez (quien en realidad sufrió la usurpación de su identidad mediante un DNI duplicado).
Defensa de la jueza que "liberó" al Corsa antes del accidente
Garay también salió al cruce de las dudas sembradas sobre la actuación de la jueza de Paz Letrada, Lina Pasero de Posada (hoy jubilada), quien convalidó el trámite administrativo de devolución del Corsa blanco en junio de 2025.
Según detalló, el proceder de la magistrada se ajustó estrictamente al curso ordinario que toman estos trámites cotidianos de liberación de vehículos secuestrados cuando vienen validados por la propia comuna.
"Para que ustedes entiendan, lo que hay es que una abogada se presenta y lo que dice es que se ha pagado la multa, acompaña con documentación, que acompaña digitalmente, y le pide a la jueza que libere el vehículo. Y la jueza, analizando la documentación, que no tiene aparentemente ningún vicio y siendo un pedido de la propia abogada de la comuna, en un trámite que normalmente es así, liberó el vehículo", argumentó Garay.
Para el titular de la Corte, el nudo de la causa radica ahora en peritar las firmas y sellos: "Lo que pasa es que hay que determinar si efectivamente hay adulteración de esa documentación pública y qué responsabilidades le caben, por ende, a la persona que se presentó y que retiró el vehículo".
Garay y la preocupación por la fe pública
La falsificación de las actas de un escribano público encendió las alarmas de la Corte. Garay confesó que la alteración de instrumentos notariales daña la confianza del ciudadano en las instituciones.
"Me preocupa que exista la posibilidad de que sea falsificada la documentación de un notario, porque eso hace a la fe pública", aseveró.
No obstante, la máxima autoridad de la Corte descartó de plano que la digitalización del sistema judicial mendocino haya facilitado las maniobras fraudulentas. Al contrario, señaló que los registros electrónicos poseen barreras de seguridad mucho más robustas que los tradicionales soportes físicos de papel.
"En lo digital yo te diría que hasta es más compleja la posibilidad de adulteración que en papel. Lo digital se presentó y también se presentó en papel, están las dos presentaciones", aclaró.
Sin pruebas de un delito generalizado
Ante las sospechas periodísticas de que este fraude pudiera no ser un hecho aislado -tras conocerse que la Municipalidad de Capital investiga otros 12 o 13 casos donde se retiraron vehículos con poderes notariales en los últimos seis años-, Garay fue sumamente cauteloso.
"No, yo he escuchado su comentario, pero no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba de eso, el único caso puntual que tenemos por hoy es el que ha tomado estado público", sentenció.
Finalmente, el presidente de la Corte ratificó que el Poder Judicial, la Superintendencia del Notariado Público y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal están trabajando de forma coordinada para desmembrar la maniobra. "Si hay delito de adulteración de documentación o una estafa, bueno, será la justicia penal la que investigue", concluyó.
En pocas palabras
- Escándalo del Corsa: la entrega ilegal de un Chevrolet Corsa secuestrado escaló hasta la Suprema Corte.
- Intervención de la Corte: Dalmiro Garay instruyó una inspección sobre la notaria que autorizó el poder apócrifo.
- Procedimiento judicial: la abogada municipal presentó la documentación para liberar el vehículo, cuya autenticidad se investiga.






