Luego de que el Congreso de la Nación sancionara esta semana la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CAMEM) emitió un comunicado expresando su firme apoyo a la medida.
Empresarios mineros de Mendoza respaldaron la nueva Ley de Glaciares: "Fortalece la seguridad jurídica"
Ante la aprobación de la adecuación de la Ley de Glaciares, la CAMEM expresó su apoyo a la reforma y destacó la incorporación de mayor claridad técnica
El debate sobre la Ley de Glaciares es, de fondo, una conversación sobre cómo tomar decisiones cuando lo que está en juego es estratégico en varios niveles.
Según la entidad, la adecuación normativa brinda "marcos claros y precisos" para el desarrollo de la industria sin descuidar el recurso hídrico.
Desde la CAMEM destacaron que la nueva normativa fortalece la previsibilidad regulatoria, condición necesaria para atraer inversiones productivas. "Reafirmamos con convicción que es posible compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, promoviendo una actividad minera moderna, responsable y sostenible", señalaron los empresarios del sector minero.
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¿Qué pasó esta semana en el Congreso de la Nación?
La reforma se convirtió en ley tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados que concluyó en las primeras horas de este jueves 9 de abril. Con 137 votos a favor (aportados por el oficialismo, el PRO y sectores dialoguistas) frente a 111 negativos, el proyecto logró la sanción definitiva.
La semana estuvo marcada por una fuerte polarización sobre la Ley de Glaciares: mientras el gobierno y las provincias mineras celebraron el fin de lo que consideran un "bloqueo ideológico" a las inversiones, sectores de la oposición y organizaciones ambientales como Greenpeace se manifestaron frente al Congreso advirtiendo sobre un posible retroceso en la protección de las reservas de agua dulce.
Las 7 claves de la reforma de la Ley de Glaciares
La adecuación normativa introduce cambios técnicos sustanciales que redefinen el mapa productivo en la cordillera:
- Enfoque en la función hídrica: la protección estricta ya no es automática para todo el ambiente periglacial. Se concentrará en aquellas formaciones que cumplan una función hídrica efectiva y comprobable como reguladores de cuencas.
- Mayor poder a las provincias: los estados provinciales recuperan facultades para determinar, a través de sus autoridades ambientales, qué geoformas dentro de su territorio poseen relevancia hídrica.
- Habilitación de actividad en zonas periglaciares: se autorizan actividades mineras e hidrocarburíferas en áreas periglaciares que no sean proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
- Criterio de significancia: la ley introduce definiciones técnicas más precisas para identificar glaciares de roca y suelos congelados, buscando evitar "zonas grises" legales que frenaban proyectos.
- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): todo proyecto que pretenda desarrollarse en zonas cercanas a glaciares deberá someterse obligatoriamente a una EIA específica y rigurosa.
- Actualización del inventario: los datos recabados por las provincias en sus evaluaciones deberán compartirse con el Ianigla para mantener actualizado el Inventario Nacional de Glaciares, aunque el organismo pierde su carácter "vinculante" absoluto.
- Seguridad jurídica: la reforma busca terminar con la judicialización de proyectos mineros basada en interpretaciones amplias del ambiente periglacial, otorgando un marco más estable para los inversores extranjeros.
El rol del federalismo y el freno de La Pampa
Un punto que la entidad minera subrayó especialmente es el reconocimiento del rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales. En sintonía con el Artículo 124 de la Constitución Nacional, la cámara consideró que esta ley otorga mayor capacidad de decisión local en función de las particularidades de cada territorio, permitiendo que Mendoza y el resto de las provincias cordilleranas gestionen su potencial minero bajo estándares ambientales modernos.
A pesar de la sanción, el frente judicial ya comenzó a moverse. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Glaciares por considerarla "regresiva", lo que anticipa otra batalla legal por el agua en la región.
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