Los casos de violencia de género que terminan en femicidios no dejan de suceder. Hace dos días se conoció un nuevo caso en Mendoza que agrandó las estadísticas nacionales. Sin embargo, la provincia es modelo nacional por tener la mayor cantidad de casos monitoreados con resultados positivos.
El domingo 20 fue el primer femicidio de 2019 en Mendoza, donde la víctima, Liliana Olguín, de 49 años, fue asesinada a hachazos y golpes presuntamente por su ex pareja, con quien vivía bajo el mismo techo en Las Heras.
Tobilleras electrónicas, y pulseras duales son los mecanismos de control con los que cuenta Mendoza desde el 2016, luego de una ola de femicidios ocurridos en septiembre de ese año.
Hoy son 52 las pulseras instaladas, pero este número varía día a día, dependiendo de lo ordenado por fiscales y jueces de familia.
Así lo aseguró Adriana Bertolati, asesora de la Dirección de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia del Ministerio de Seguridad. Explicó que desde allí se gestionó el convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que la provincia cuente con estas pulseras. Además, allí se elaboró el proyecto de implementación y se trabajó el protocolo de actuación.
La mejor opción
Según los especialistas, uno de los mecanismos más completos es de pulseras dual, donde tanto víctima como victimario son controlados.
La pulsera es colocada en el acusado, quien además debe llevar un dispositivo similar a un celular. A la víctima también se le entrega un aparato similar a un celular que debe llevar siempre con ella.
Cuando las personas se acercan a la distancia dispuesta por la autoridad judicial, los aparatos que ambos poseen emiten una alarma en el Centro de Monitoreo Electrónico, que funciona en el Ministerio de Seguridad y es controlado por el Servicio Penitenciario.
Existen dos zonas delimitadas, la primera es de “Advertencia”, donde el agresor no puede estar debido a que, si lo hace, los penitenciarios encargados del monitoreo reciben una alerta. Inmediatamente se comunican con él y le solicitan que se aleje de allí por la restricción que tiene.
La segunda zona es de “Exclusión”, la cual tiene que ver con los lugares en los que la víctima se encuentra habitualmente y cuya restricción de acercamiento fue dispuesta por la Justicia.
En caso que el victimario esté allí y no responda a los llamados del Centro de Monitereo, se activa un protocolo de seguridad por lo que un móvil policial va hasta el lugar, mientras se le avisa a la víctima.
Además, esta violación a las reglas impuestas es notificada de inmediato a la Justicia para que se tomen medidas sobre el imputado.
La ventaja de las pulseras dual es que el hombre está en libertad, y puede trabajar, cumplir con la cuota alimentaria, visitar a sus hijos si la prohibición de acercamiento es solo con la mujer, y la víctima está asegurada.
Este sistema comenzó a funcionar a fines de enero de 2017 con total efectividad y sin ninguna falla, según indicó Adriana Bertolati.
Otra posibilidad electrónica
La tobillera electrónica es otro de los sistemas que se utilizan, en el cual el acusado tiene prisión domiciliaria, y se controla que no salga del perímetro establecido por la Justicia.
Para esto, debe contar buena señal de internet en su casa, donde estará instalada una central que monitorea la tobillera que el acusado lleva puesta.
En caso de salir de ese perímetro establecido, se manda una señal de alerta que indica que la persona se alejó de donde debía estar.
En algunos casos, tienen permitido salir de su casa, pero solo para hacer ciertos recorridos previamente delimitados, como ir al médico por padecer una enfermedad crónica.
Botón antipánico
En Mendoza no está implementada esta opción, a pesar que estuvo un tiempo a prueba, pero sería un sistema más complejo.
De todas formas, el Gobierno no abandona la idea y pretende retomarla durante este 2019.
A estos sistemas también hay que sumarle la orden de prohibición de acercarmiento.
Provincia modelo
Bertolati indicó que Argentina fue invitada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a participar en Chile de un taller sobre monitoreo de medidas cautelares, en noviembre de 2018.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que fuera Mendoza debido a que es donde hay más casos monitoreados con mayor efectividad en el sistema en el país.