Mientras Mendoza avanza lentamente en políticas de reciclaje, recuperación urbana y protección del ambiente, la crisis económica empuja a cientos de familias a buscar sustento entre los residuos. Solo en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de El Borbollón, unas 900 personas trabajan diariamente revolviendo basura para recuperar materiales reciclables y conseguir ingresos para subsistir.
Recuperadores buscan su sustento entre los residuos.
Aunque existen nueve cooperativas de recuperadores urbanos distribuidas en distintos departamentos, gran parte de la actividad continúa realizándose de manera informal y en condiciones de extrema precariedad. Sólo basta con mirar la cantidad de cartoneros o de gente que revuelve los contenedores en distintos barrios del Gran Mendoza.
La cooperativa más antigua, CO.RE.ME (Cooperativa de Recuperadores de Mendoza), fundada en 2007 en Las Heras, tras un conflicto importante entre finales de 2022 y 2023 con el municipio y su paso por Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza, hoy tiene una actividad muy reducida.
En 2019 se formó también en Las Heras la cooperativa de recuperadores urbanos El Algarrobo que trabaja en el Centro Verde del municipio, lugar donde antes estaba CO.RE.ME. Allí 18 personas se autogestionan los ingresos mediante el reciclaje de cartón, papel, hojalata, vidrio y botellas de plástico. Juntan, acopian y luego venden los productos reciclados colectivamente a Favorable S. A (una firma dedicada a la compra-venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos reciclados metálicos, de papel y cartón)
“Antes yo juntaba con un carro en la calle. Iba al vertedero y de ahí a la chacarita. Y con varios compañeros hicimos la cooperativa. Hay muchos que dejaron porque cobraban el Potenciar Trabajo. Ya no somos los que éramos: “Los mugrientos, los cartoneros, como nos decían. Ahora tenemos una identidad”, dice orgulloso Rufino Guzmán, integrante de la cooperativa y encargado del Centro Verde de Las Heras.
-¿Cuánto cobran por mes de todo lo que reciclan y venden?, le consultamos a Mayra Gómez, la presidenta de la cooperativa El Algarrobo.
“Hoy en día con el tema de las importaciones bajó el precio del material y afectó a todas las cooperativas del país. Un compañero está sacando por mes $100.000, o sea nada. Por eso queremos reunirnos con la gente del municipio para que reconozcan la tarea, no con un subsidio porque eso no está garantizado. Por eso muchos compañeros se van, porque no les rinde, no es factible por la baja del precio del material”.
En la misma sintonía Jésica Bustos, presidenta de la Cooperativa Aguaribay de Guaymallén, también sostiene que por la apertura de las importaciones bajó el precio de los materiales que venden y por ende bajaron sus ingresos.
Las cooperativas Aguaribay y Grilli, reúnen a 163 recuperadores urbanos de Guaymallén, muchos de ellos provienen del basural de Puente de Hierro, que cerró en julio de 2025
“La apertura de las importaciones nos perjudicó muchísimo. Provoca que muchos recuperadores vuelvan a la informalidad. El cartón llegó hasta $90 el kilo, eso hizo que se bajara nuestro sueldo. Hoy un recuperador que trabaja los cinco días y le va bien saca alrededor de $200.000 al mes. Pero tenemos un complemento salarial de parte del municipio de $300 mil pesos que nos ha permitido tener un mejor sueldo”, explica Jésica.
Pero donde más se observa la crisis es en la Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos de El Borbollón.
El director del predio, Mariano Bront, reconoció que en el lugar trabajan entre 850 personas y 900 y cada vez se suman más por la crisis económica.
“Por día hemos llegado a tener hasta 400 personas. Tenemos un listado de la gente que ingresa y están divididos en cuatro grupos. Un día dos grupos y al otro día otras dos. Por lista en total son alrededor de 900 personas, y cada vez se suman más”.
-¿No quieren conformarse en cooperativa?, le consultamos a Bront.
“No, ellos le tienen miedo a las cooperativas porque las veces que han querido formarlas no han tenido buenos resultados. Ellos dicen que reciclando de manera informal sacan mucha más cantidad de dinero por mes. Se nota que por la crisis ha crecido la tarea del recuperador, cada vez viene más gente”.
Aún quedan 116 basurales a cielo abierto
En febrero de este año, el gobierno provincial dio un paso fundamental en materia ambiental con la reglamentación de la Ley GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). Esta norma establece un Sistema Provincial de Residuos cuyos objetivos centrales son la prohibición y erradicación de basurales a cielo abierto.
Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Ambiente y Energía de Mendoza explicó que la Ley GIRSU, “es una ley paraguas que establece los lineamientos de base para que los municipios trabajen la gestión de sus residuos. La zona del este y del centro tienen sus consorcios, el área metropolitana aún no, pero sus residuos sí son llevados al vertedero de El Borbollón”.
Esta división busca fomentar la asociatividad entre municipios a través de consorcios para la creación de Centros Tecnificados de Economía Circular para el tratamiento y reciclaje de los residuos. Más adelante nos referiremos al trabajo de los recuperadores.
La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de El Borbollón representa la principal infraestructura para la gestión de la basura. Por día recibe entre 1800 y 2000 toneladas de residuos domiciliarios, de comercios e industrias de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Lavalle, Maipú, Luján de Cuyo y Guaymallén.
Como el objetivo principal del nuevo sistema es terminar con los basurales a cielo abierto se establecieron multas por estos vertederos que van de mil a un millón de unidades fiscales, es decir, entre $ 500 mil pesos a los $ 500 millones.
Sólo en el Gran Mendoza se estima que hay 56 vertederos ilegales. Incluso en la planta de tratamientos de El Borbollón hay varios apostados sobre terrenos fiscales que se detectan a simple vista por el denso humo. En esos espacios hay construcciones precarias y se pueden ver contenedores vacíos.
El director de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de El Borbollón, el ingeniero Mariano Bront, denunció que “algunos recolectores municipales llevan los desechos a esos vertederos clandestinos porque los propios dueños les pagan un dinero extra para que vayan a volcar ahí para que los recuperadores tengan más “material”. Al igual que a muchas empresas, se les cobra un canon menor que en la propia planta”.
“Son usurpaciones que se han hecho alrededor del relleno y se han ido formando basurales clandestinos como muchos no cobran o cobran muy barata la entrada al predio. No pertenecen a la planta”
Puente de Hierro, el mayor basural que dejó de existir
El vertedero de Guaymallén tiene 480 hectáreas. Hoy luce vacío de residuos domiciliarios. Sólo se ve un gran predio donde han quedado los vestigios de lo que alguna vez fue.
De tanto en tanto, hay montículos de escombros. De hecho, el día que lo visitamos la justicia hizo un allanamiento en búsqueda de descargas de residuos clandestinos privados no autorizados, tras el cierre. La causa está en el expediente N°: P-92272/23 que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.
En Guaymallén se generan 30 toneladas diarias de residuos.
Los domiciliarios van al vertedero de El Borbollón. Y los elementos reciclados por vecinos, industrias y empresas van al Centro Verde, ubicado en El Sauce.
“Ese basural no solamente era un impacto ambiental sino social muy importante ya que afectaba a 15 barrios de la zona. Con las personas que trabajaban en el basural en condiciones degradantes, mediante convenios de cogestión, trabajamos con dos cooperativas (Aguaribay y Grilli) para la fracción de materiales secos”, explicó el ingeniero Juan Correa, director de ambiente de Guaymallén.
El operativo que realizan en esa comuna es que la gente haga la separación de residuos en sus casas y luego los recuperadores urbanos los retiren y los lleven al Centro Verde. Para eso trabajan fuertemente en la promoción del reciclaje en origen.
“Mis papás trabajaron toda su vida en el basural. Yo comencé a los 16 años también. Todos trabajábamos de manera informal. y cuando cerró la gente no sabía dónde meterse”, relata Ayelén Bustos, una joven de 18 que es parte de la cooperativa Aguaribay
“Entendimos la importancia de nuestro trabajo al conformarnos en cooperativa, para el cuidado del medio ambiente, cosa que antes no visualizamos de esa forma. Muchos de nuestros compañeros venían del basural de Puente de Hierro, otros como yo, venimos de familia de cartoneros, de El Borbollón”, explica Jésica Sosa, presidenta de la cooperativa Grilli.
Jésica relata que a sus 42 años, y con 5 hijos, pudo terminar la secundaria y comenzó una carrera terciaria.
También Ayelén destaca las condiciones laborales que le da la cooperativa y el Centro Verde del municipio: “Acá me dan la chance de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ahora vestimos uniformes y tenemos mejores condiciones como baños, agua potable, un techo donde trabajar. Yo pude terminar el secundario y ahora empecé la facultad”.
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