En un giro de 180 grados sobre el tratamiento de la basura, el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, firmaron este martes el decreto que pone en vigencia la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
Para conseguir financiamiento, se crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza.
La nueva legislación ya había sido aprobada en agosto por la Legislatura luego más de un año de trabajo conjunto con los municipios, legisladores y recicladores urbanos.
La normativa crea un Sistema Provincial de Residuos que se articula con los 18 departamentos, con principios claros, competencias definidas, estándares mínimos, herramientas de planificación regional y mecanismos de control, sanción y participación ciudadana.
El sistema de transformación de los residuos está basado en la economía circular, la inclusión social, la transparencia y la protección ambiental, consolidando esta política como una prioridad para el desarrollo sostenible de Mendoza.
A la hora de gestionar, divide a la provincia en cuatro zonas -Metropolitana, Este, Centro y Sur-, para que cada municipio elabore su Plan Municipal de Residuos en sintonía con el plan provincial.
La autoridad de aplicación de la ley GIRSU
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Energía y Ambiente, en manos de Jimena Latorre, quien tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas GIRSU, la asistencia técnica y legal a los municipios, la coordinación de consorcios, la fiscalización de infraestructuras y el seguimiento del cumplimiento de metas.
La ley GIRSU contempla la puesta en marcha de un Sistema de Información Ambiental Público, con trazabilidad digital y auditorías constantes para monitorear la evolución de la gestión en tiempo real.
Entre los puntos clave se incluye el cierre progresivo de basurales a cielo abierto, el fortalecimiento de la economía circular, la separación en origen, la digitalización del proceso de trazabilidad y la integración social y laboral de recuperadores urbanos.
También regula la gestión de residuos de origen domiciliario, comercial, institucional, de poda, construcción y demolición, entre otros.
En relación al aspecto social, se promueve la formalización y capacitación de los recuperadores urbanos, fortaleciendo su inclusión laboral y el de las cooperativas de reciclaje.
Además fomenta la creación de centros de economía circular, gestionados por municipios o en articulación con el sector privado para generar empleo local, innovación tecnológica y revalorización de materiales.
Cómo será el financiamiento del nuevo tratamiento de los residuos
Para conseguir financiamiento, se crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, que estará compuesto por asignaciones presupuestarias provinciales, tasas específicas GIRSU, multas ambientales y recursos judiciales por pasivos ambientales.
El dinero se destinará a infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y programas de fortalecimiento institucional. Al mismo tiempo, autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar financiamiento nacional e internacional para obras y proyectos ambientales.
En materia punitiva, incorpora un régimen de fiscalización y sanciones a cargo de la Provincia y los municipios, que incluye inspecciones, auditorías, denuncias ciudadanas y acciones legales. Las sanciones podrán ir desde multas y clausuras hasta la conmutación por programas productivos o educativos que promuevan la mejora ambiental.
La ley GIRSU reemplaza la Ley Provincial 5.970 y se articula con la Ley Nacional General del Ambiente (25.675), la Ley Nacional 25.916 sobre residuos domiciliarios y la Ley Provincial 5.961, estableciendo un marco coherente y actualizado para la gestión ambiental.