Mendoza se convierte en la primera provincia en aplicar el Régimen Penal Juvenil en el país.
Mendoza se convirtió en la primera provincia de la Argentina en reunir las condiciones técnicas e institucionales para avanzar de forma concreta en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La consolidación de este paso metodológico se oficializó mediante la firma de un convenio de cooperación mutua entre el Gobierno deMendoza y el Ministerio de Justicia de la Nación, una iniciativa que dota a la jurisdicción de plataformas tecnológicas avanzadas, capacitación con puntaje oficial e intercambio de especialistas de control.
El acuerdo fue suscripto formalmente por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar.
Gentileza Prensa Seguridad de Mendoza
El entendimiento nacional se acopla de manera directa a la labor que la Provincia venía desarrollando de forma autónoma a través de una mesa técnica interdisciplinaria, la cual ya posee el borrador definitivo del proyecto de ley local que regulará los procedimientos de flagrancia, derivaciones y abordajes en el territorio.
Un software especial para centralizar la historia delictiva del menor
Una de las mayores novedades operativas que introduce este convenio con la justicia nacional es la provisión y transferencia de un software especial de gestión. Esta plataforma informática de última generación fue desarrollada específicamente para el seguimiento de las causas de la minoridad punible y servirá para compilar de manera unificada la base de datos de los adolescentes en conflicto con la ley.
La ministra Mercedes Rus detalló la importancia de esta herramienta digital, indicando que el objetivo primordial radica en la centralización absoluta de la información crítica:
"Este convenio... nos va a proveer un software especial para toda la gestión... necesitamos información sobre estos jóvenes, su contexto familiar, el informe que hizo determinado organismo interdisciplinario... toda esta información tiene que estar en un mismo lugar", precisó la funcionaria.
A través de esta herramienta tecnológica, el Estado provincial podrá estructurar la historia delictiva del joven punible de forma pormenorizada. El sistema consolidará en un único expediente digital tanto los antecedentes y los informes psicosociales como el entorno de convivencia directa del menor. De este modo, los magistrados, fiscales y operadores de la red estatal contarán con elementos de juicio fehacientes para adoptar decisiones judiciales y administrativas más eficaces y personalizadas.
Las fortalezas de Mendoza y el cambio radical en la punibilidad
Al ser consultada sobre el rol pionero de la provincia, Rus enfatizó que Mendoza posee un "valor agregado" considerable en comparación con el resto de los distritos del país debido a su andamiaje institucional previo. La provincia dispone desde hace tiempo de un fuero penal juvenil especializado dotado de jueces, fiscales, defensores técnicos y asesores exclusivos para menores víctimas. Asimismo, el Ministerio de Seguridad cuenta con centros y dispositivos de alojamiento específicos e independientes para jóvenes, garantizando que sean aprehendidos en espacios totalmente separados de la población carcelaria adulta.
El nuevoRégimen Penal Juvenil introduce modificaciones de fondo en las pautas de imputabilidad y punibilidad de los jóvenes de 16 y 17 años. La ministra explicó que, bajo el esquema legal precedente, existía una punibilidad restringida:
"Antes había... una punibilidad restringida... aunque tuvieras 16 años, si el delito... tenía una sanción de multa o inhabilitación o pena menor de 2 años, bueno, era inimputable... Hoy todos los delitos tipificados en el Código Penal son punibles", diferenció Rus.
Frente a esta ampliación de la responsabilidad legal, el proyecto de ley que la mesa técnica presentará ante la Legislatura provincial definido por la ministra como un "pequeño código" o compendio procesal regulará aspectos sensibles del procedimiento práctico. El texto normativo incluye protocolos rigurosos para la adecuación del proceso de flagrancia en menores, diagnósticos psicosociales y mecanismos de derivación inmediata ante organismos competentes para el tratamiento eficiente de los consumos problemáticos de sustancias.
Mercedes Rus destacó la importancia de la nueva herramienta digital y la centralización de la información crítica.
La nueva figura del "Supervisor" y la lucha contra la reincidencia
El diseño del nuevo sistema penal instituye una pieza operativa neurálgica: la función del Supervisor. Se trata de un rol especializado encargado de proporcionar un acompañamiento personalizado y exhaustivo al adolescente durante el transcurso de las actuaciones legales.
La meta de esta figura es fiscalizar de manera presencial que el joven dé cumplimiento estricto a las condenas o medidas alternativas no privativas de la libertad dictadas por la magistratura, tales como la reinserción y finalización de los estudios secundarios obligatorios o el aprendizaje efectivo de un oficio laboral.
El convenio establece que existirá una disponibilidad recíproca de estos supervisores entre la Nación y la Provincia. De este modo, Mendoza podrá requerir el concurso de profesionales federales ante picos de demanda del sistema, mientras que los especialistas mendocinos quedarán habilitados para intervenir en causas penales bajo la órbita de la competencia de la Justicia Federal. Según remarcó Rus, este monitoreo minucioso "puede ser la diferencia entre la reincidencia y la no reincidencia".
Capacitación obligatoria, oficial y con puntaje a través del IPAP
Para garantizar el correcto funcionamiento del engranaje judicial y asistencial, los equipos técnicos e inspectores deberán someterse a trayectos formativos obligatorios. El Ministerio de Seguridad y Justicia coordinará junto a la Dirección General de Escuelas (DGE) para que toda la oferta de capacitación se canalice de forma centralizada mediante el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Al respecto, el ministro García Zalazar recalcó el valor de dotar de rigurosidad académica a la preparación de los agentes públicos:
“La implementación de este régimen requiere equipos preparados y criterios comunes para intervenir en situaciones complejas. Por eso, las capacitaciones que se desarrollen a través del IPAP tendrán certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes las realicen. Es una forma de reconocer la formación de los operadores y, al mismo tiempo, asegurar que el sistema cuente con profesionales cada vez mejor preparados para acompañar, supervisar y dar seguimiento a cada caso”, concluyó.
Con la articulación de este software de trazabilidad delictiva, la inminente presentación del código procesal juvenil y el despliegue de los supervisores, Mendoza ratifica su política de Estado orientada a un abordaje integral donde el control público y las garantías del debido proceso operen de manera simultánea.
