Mendoza dio un giro estratégico en la protección de su "patrimonio verde" con la sanción de la Ley N° 9.702. La nueva norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial, sustituye artículos fundamentales de la Ley de Arbolado Público 7.874 para agilizar la gestión y mejorar la sanidad forestal en un contexto de crisis hídrica.
Mendoza delegó el control del arbolado público en los municipios y prohibió plantar una sola especie
El Gobierno oficializó la Ley de Arbolado Público. Las comunas tendrán jurisdicción exclusiva y deberán seguir un plan técnico provincial para evitar plagas
El arbolado público ya es oficialmente responsabilidad de los municipios.
Foto: Municipalidad de GuaymallénEl cambio más significativo es el traspaso de la jurisdicción exclusiva a los municipios sobre los árboles que vegetan en sus calles y espacios públicos. No obstante, esta autonomía no es absoluta: cada comuna debe elaborar y presentar un Plan de Manejo Integral cada 4 años ante la Provincia, ajustándose a lineamientos técnicos mínimos.
El futuro del arbolado público en Mendoza
Hasta la promulgación de la nueva ley, cada vez que un intendente pretendía quitar un ejemplar del arbolado público que estuviera deteriorado o con riesgo de caerse, debía pedir autorización al Ejecutivo, y ese trámite podía tardar meses.
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Uno de los pilares de la ley es la lucha contra las "epifitias" (plagas masivas). La autoridad de aplicación ordena abandonar el monocultivo -que causó desastres en el pasado con especies como el olmo- y obliga a utilizar el policultivo (combinación de especies) para reducir la efectividad del ataque de plagas. Además, se recomienda plantar árboles de hoja caduca en posiciones norte respecto a las viviendas para optimizar la luz solar en invierno y especies de copa pequeña para reducir costos de poda y residuos.
Finalmente, la ley endurece los requisitos para entes oficiales: cualquier poda o erradicación dentro de predios ministeriales o municipales deberá contar con consentimiento jerárquico previo del área correspondiente, eliminando la arbitrariedad en el manejo del recurso.
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