El 9 de agosto último se cumplieron seis años de impunidad. De injusticia. De una paradoja fenomenal: que el asesinato de un representante del Poder Judicial siga sin culpables.
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Marcos Derpich era defensor de Pobres y Ausentes. Tenía 46 años y había dedicado los últimos diez a representar, en nombre del Estado, a acusados de delitos penales que no podían pagar abogados de su propio bolsillo.
Marquitos -así le decían en el argot tribunalicio-, era un tipo tranquilo. Sencillo. Callado y de buen trato con sus representados, colegas y personal de la Justicia. Cero conflicto.
Por eso, el estupor ganó el ámbito tribunalicio cuando aquella madrugada del año 2013 -pasadas las 3- la noticia se viralizó a través de los celulares corporativos que comparten jueces, fiscales y otros letrados: "Mataron a Marcos Derpich".
La investigación se concentró en el cruce de Corredor del Oeste y Pellegrini de Godoy Cruz. El cadáver fue hallado dentro de su propia camioneta Suzuki Grand Vitara, chocada contra un robusto carolino.
Se pensó en una descompensación como causa de la pérdida de control del vehículo, pero cuando los forenses revisaron a la víctima fatal descubrieron que tenía una herida sangrante bajo la axila derecha.
Era de arma de fuego. Una vaina 9 milímetros fue hallada en el piso del rodado y ya no hubo dudas: Marcos Derpich había sido asesinado a quemarropa.
Se revisó la Suzuki metro por metro. Se buscaron huellas y cualquier otro elemento que ayudara a identificar al homicida.
Un testigo dijo al 911 que el rodado estuvo detenido en un semáforo 200 metros antes del sitio exacto donde fue hallado. Y que alguien había bajado del lado del acompañante para irse caminando tranquilamente.