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"Soy culpable del robo, no del homicidio"

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]

Se llamaba Laura. Era esposa de Alejandro y madre de dos hijos. Era una persona común y llevaba una vida convencional. Hasta que el 14 de abril de 2007 por la noche fue asesinada en Godoy Cruz por delincuentes que le robaron el auto.

Entonces, su figura se convirtió en símbolo de lucha. Para que la Justicia encarcelara a los homicidas. Pero también para que la sociedad mendocina saliera a las calles y exigiera seguridad. Y sobre todo garantías de que no seguiríamos muriendo a manos de unos pocos. Como le sucedió a esa mujer llamada Laura Abonassar a los 42 años.

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Terminaba el gobierno de Julio Cobos y Miguel Bondino era el cuarto ministro de Seguridad en menos de cuatro años. Fue tan potente la estampida sociopolítica que detonó el crimen de Laura Abonassar en las calles, en Godoy Cruz, en la Legislatura y en los medios de prensa que el funcionario nacido en San Rafael salió eyectado del sillón que ocupaba en el edificio de calle Salta de Godoy Cruz. En pocas horas se anunciarían los cambios en el gabinete.

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Entonces fue la hora de Alfredo Cornejo, que se puso el traje de ministro de Seguridad por segunda vez, de manera súbita, tras dejar la diputación nacional alcanzada en 2005 en manos de Jorge Albarracín.

Cornejo dejó a un lado la construcción de la alianza con los Kirchner -en octubre Cobos sería electo vicepresidente de la Nación  de Cristina Fernández- y reanudó su trabajo de ministro de Seguridad con las riendas cortas. Habló a la ciudadanía desde las calles convulsionadas. Habló fuerte y para hacerlo se valió de un megáfono. Quería ser escuchado. No solo por los vecinos, a quienes les anunciaba que Gendarmería reforzaría la prevención pública, sino especialmente por las fuerzas policiales.

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"Hay una relación causal entre lo que pasó y las peleas dentro de la cúpula policial. A Bondino se le había perdido el poder político en la fuerza. Voy a estar en la calle con la Policía, vamos a controlar a los móviles y no quiero a ver dos móviles hablando de 'bueyes perdidos' . Los voy a sancionar. Quiero que lo sepan" "Hay una relación causal entre lo que pasó y las peleas dentro de la cúpula policial. A Bondino se le había perdido el poder político en la fuerza. Voy a estar en la calle con la Policía, vamos a controlar a los móviles y no quiero a ver dos móviles hablando de 'bueyes perdidos' . Los voy a sancionar. Quiero que lo sepan"

Cornejo, al asumir como ministro de Seguridad por segunda vez

Una recompensa de $80.000 a cambio de información certera dio resultados satisfactorios. El 25 de abril, un testigo de identidad protegida reveló frente al fiscal Luis Correa Llano (Delitos Complejos) que tres muchachos le habían entregado un arma de fuego. Que quisieron vendérsela. Que él no la compró. Pero que ellos se la dejaron como quien se deshace de una prueba incriminatoria. El testigo quería la plata. Entonces entregó el arma de fuego. Después los identificó. Uno a uno. Por sus alias. Entonces habló de El Pendejo, El Siberiano y El Caballito.

El humor social hervía de indignación. Laura había sido asesinada y su hijo de 6 años, arrojado a una acequia en el mismo acto, frente a la plaza Juan de Dios Videla, a la salida de la casa de un familiar. El rodado chocaría en Belgrano y Erlich contra un colectivo y los asesinos escaparían.

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Más allá de la versión del testigo clave, los peritajes balísticos concluyeron que la bala que mató a Abonassar había sido disparada con el arma entregada al magistrado investigador.

El 4 de junio, Correa Llano pidió la prisión preventiva de los tres imputados y el 21 de septiembre el caso fue elevado a juicio oral y público.

Javier Romero, Leonardo Palacio y José Agustín Ramos fueron acusados ante la Séptima Cámara del Crimen de haber asesinado a aquella mujer de 42 años, esposa y madre de dos hijos para asegurarse la impunidad en el delito previo de haberle robado el auto Peugeot 307. Homicidio criminis causa, quedó registrado finalmente como la calificación legal que los mandaría a perpetua.

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Al mismo tiempo, y a la luz del éxito investigativo logrado, la figura de Alfredo Cornejo se fortalecía de cara a los comicios que lo convertirían en intendente de Godoy Cruz por primera vez y en sucesor de César Biffi.

El viudo era profesor de Educación Física y tenía un local de venta de ropa deportiva. El crimen de Laura lo convirtió en el único pilar de sus hijos pero también en la cara visible de una institución creada para luchar y defender los derechos de quienes han sobrevivido a este tipo de situaciones: la Asociación de Víctimas del Delito.

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"Nunca habrá justicia porque en los juicios no se tienen en cuenta muchas cosas: como el daño que les causaron a mis hijos, a quienes esos asesinos dejaron sin madre" "Nunca habrá justicia porque en los juicios no se tienen en cuenta muchas cosas: como el daño que les causaron a mis hijos, a quienes esos asesinos dejaron sin madre"

Alejandro Gil, viudo de Laura Abonassar

El peso de la  ley

El 24 de septiembre de 2008 a las dos de la tarde, el tribunal que presidió la jueza de sentencia Gabriela Urciuolo y completaron Agustín Chacón y María Marta Guastavino emitió la esperada sentencia en los términos esperados. Y por unanimidad.

Javier El Siberiano Romero, Leonardo El Pendejo Palacio y José El Caballito Ramos fueron condenados a prisión perpetua y se estableció que deberían pasar 35 años en la cárcel antes de acceder a la libertad condicional.

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Casi al mediodía, antes de que los usías se reunieran en secreto para arribar a la decisión, los acusados tuvieron la última chance para decir algo que aliviara la condena, que ya era inevitable. Y hablaron. 

"Solo fuimos a robar y nada más (...) Quiero ser condenado realmente por lo que hice (...) Soy culpable del robo, no del homicidio" "Solo fuimos a robar y nada más (...) Quiero ser condenado realmente por lo que hice (...) Soy culpable del robo, no del homicidio"

De los acusados antes de la sentencia

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Palacio, el único que había pedido clemencia al tribunal, murió un mes y medio después de la condena. Fue el domingo 9 de noviembre de 2008 en el penal San Felipe mientras los abogados defensores preparaban los escritos de apelación.

"Sucedió como consecuencia de una descarga eléctrica que el interno recibió mientras manipulaba una conexión clandestina de cables",  justificó  oficialmente Carlos Caballero, director de la cárcel.

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