En Mendoza están vigentes 8 ofrecimientos de dinero para resolver 10 crímenes y desapariciones de personas. El Estado acude a esta instancia cuando la pesquisa se estanca.

Recompensas: hay $1.550.000 para aclarar numerosos delitos

Por UNO

Dicen que únicamente el dinero puede abrir algunas puertas y liberar ciertas verdades. Y esto bien lo saben las autoridades y los investigadores, ya que en Mendoza están vigentes ocho ofrecimientos de recompensa para resolver diez crímenes y desapariciones de personas.

A la fecha, un total de $1.550.000 espera que alguien lo reclame a cambio de información precisa, que sirva para detener a los autores de esos delitos o para encontrar las armas homicidas.

La mayor parte de esa suma es destinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación: $1 millón por los paraderos de Johana Chacón y Soledad Olivera, vistas por última vez en Tres de Mayo, Lavalle, en 2012 y 2011.

El resto lo ofrece el Estado provincial en busca de pistas firmes para resolver ocho asesinatos, dos de los cuales ocurrieron en San Rafael.

Buenos antecedentes

La recompensa en dinero es prácticamente el último recurso al que las autoridades acuden. Y es un claro indicador de que hasta entonces la pesquisa está en punto muerto.

Históricamente, pagar por información ha dado buenos resultados en Mendoza. De hecho, permitió resolver al menos dos casos muy complejos y de altísimo impacto político y social: las desapariciones de José Zambrano (28) y Pablo Rodríguez (25), en el año 2000, durante la gobernación de Roberto Iglesias, y luego el crimen a quemarropa de Laura Abonassar, en 2007, en la gestión de Julio Cobos.

Casi tres meses de misterio sobre el paradero de Zambrano y Rodríguez terminaron cuando un hombre de apellido Robertson reveló que estaban muertos y muy precisamente dónde podían hallarlos, pero a cambio de los $40.000 ofrecidos. Así fue que los hallaron semienterrados en el piedemonte godoicruceño, en avanzado estado de descomposición por efectos meteorológicos y el hambre de los carroñeros.

Abonassar tenía 42 años cuando la mataron en la puerta de su casa, en Godoy Cruz, la noche del 14 de abril, para robarle el auto. La indignación popular se hizo sentir con marchas y cortes de calles. Ni siquiera la expulsión de Miguel Bondino del Ministerio de Seguridad aplacó los ardores. Alfredo Cornejo se tomó licencia como diputado nacional y por segunda vez en su historial se hizo cargo de la cartera más difícil.

"Vengo a decir quiénes mataron a esa mujer", dijo un hombre a cambio de los $80.000 que se habían ofertado desde el Estado provincial para resolver el caso. El testimonio fue un tiro que dio en el blanco perfecto: sirvió para encarcelar y condenar, un año después, al asesino y a dos cómplices, y también para dar con el arma utilizada en la tragedia. De hecho, él mismo la entregó a las autoridades.

 Embed      
 Embed      
 Embed      
Un misterio es el caso de Soledad Olivera. 
Un misterio es el caso de Soledad Olivera. 
 Embed      
 Embed