La vendieron por $825.000, sufrió lo peor y logró escapar con su bebé

Venta por un "precio dotal", violencia física y explotación laboral

De acuerdo con las pruebas acreditadas en el expediente judicial, la captación de la menor ocurrió entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén. En aquel momento, los imputados le abonaron a la familia de la niña la suma de 825.000 pesos bajo el concepto de "precio dotal" para concretar la unión forzada con su primo, un joven que en ese entonces tenía 20 años.

Tras la transacción, la adolescente fue trasladada hacia la provincia de Santa Fe, donde permaneció cautiva y bajo el control absoluto del grupo familiar. Durante ese período, la menor sufrió privaciones severas y agresiones:

• Abusos y agresiones físicas: Fue sometida a violencia sexual en el marco de la convivencia forzada y sufrió ataques con quemaduras de cigarrillo en el cuerpo.
• Explotación laboral: Era obligada a realizar tareas de venta ambulante sin disponer del dinero que recaudaba, siendo forzada a trabajar incluso bajo condiciones de salud precarias, embarazos y climas adversos.
• Maternidad forzada: Producto de los abusos, la niña sufrió un primer embarazo que terminó en un aborto espontáneo y, posteriormente, dio a luz a su hijo en el año 2024.

La fuga en Caucete y la intervención del 911

La pesadilla de la joven comenzó a llegar a su fin en la localidad de Caucete, provincia de San Juan, cuando logró aprovechar un descuido de sus captores para escapar corriendo con su bebé en brazos. La desesperada secuencia fue advertida por un testigo en una estación de servicio, quien realizó un llamado de emergencia al 911.

Gracias al seguimiento en tiempo real mediante las cámaras del centro de monitoreo provincial, el personal de la Policía de San Juan logró interceptar el vehículo en el que los acusados la perseguían, logrando el rescate de la menor y de su hijo.

El rechazo categórico a la excusa de las "tradiciones culturales"

Al revisar el fallo de primera instancia, la defensa de los condenados argumentó que la unión respondía a supuestas costumbres y pautas culturales propias de las familias involucradas. Sin embargo, el juez Daniel Petrone rechazó de manera contundente dicha justificación, remarcando que la apelación a usos y costumbres no constituye un fundamento válido para eludir la responsabilidad penal frente a la vulneración flagrante de derechos fundamentales.

El tribunal concluyó que el hecho encuadra estrictamente en un caso de matrimonio infantil y forzoso, caracterizado por la marcada vulnerabilidad de la víctima y la absoluta falta de madurez para brindar consentimiento, ratificando la máxima gravedad de los delitos cometidos por el grupo familiar.