Imputabilidad de menores: especialistas aseguraron que es una buena herramienta pero que no puede ser la única
Lo dijo la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Además, el especialista Arturo Piracés aseveró que faltan oportunidades y reclamó políticas a largo plazo
Según la ministra de Seguridad la baja en la edad de imputabilidad de los menores es una herramienta buena pero no la única para abordar estos casos.
La media sanción al proyecto que reduce la edad deimputabilidad de menores a los 14 años volvió a instalar el debate sobre cómo abordar el delito juvenil en Argentina. En Mendoza, la discusión sumó voces oficiales y especialistas que coinciden en un punto: la ley por sí sola no resolverá el problema, aunque puede modificar la intervención del Estado.
La ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, y el exdirector del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, Arturo Piracés, analizaron el alcance de la iniciativa en Radio Nihuil y plantearon miradas complementarias sobre el rol de la sanción penal, la prevención y las políticas sociales necesarias para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley.
La postura del Gobierno: “Una ley necesaria, pero no suficiente”
Rus sostuvo que la reforma era esperada desde hace décadas y defendió la reducción de la edad de imputabilidad -finalmente fijada en 14 años- como una actualización del sistema legal.
Según explicó la ministra, la norma no implica criminalizar a la juventud sino establecer límites claros dentro del contrato social.
Deteriorado. Así está el edificio del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza.
La ministra Rus aseguró que no hace falta construir un nuevo edificio para los menores que delinquen, pero sí hay que implementar mejoras.
“La ley es importante, pero nadie dice que con una sola norma se resolverá el problema sociocultural y económico”, afirmó.
La ministra detalló que, entre los jóvenes imputables de 16 a 18 años en Mendoza, entre el 50% y el 60% de los delitos están vinculados contra la propiedad. En el caso de menores inimputables, los registros muestran una distribución similar entre hechos contra la integridad física y delitos patrimoniales.
También señaló que la mayoría de las sanciones no implican encierro: actualmente solo el 8% recibe prisión, mientras el resto accede a medidas alternativas con acompañamiento educativo, deportivo y psicológico.
En ese sentido, destacó que la eventual implementación del nuevo régimen requerirá recursos nacionales para fortalecer equipos interdisciplinarios y programas de reinserción.
Infraestructura y sistema de responsabilidad juvenil en Mendoza
Consultada sobre la capacidad provincial para aplicar la reforma, Rus indicó que Mendoza cuenta con una estructura especializada y que no sería necesario construir nuevos establecimientos, aunque sí adaptar los existentes.
Mencionó inversiones recientes en sistemas de videovigilancia, espacios de visitas familiares y monitoreo dentro del sistema penal juvenil, orientadas (según explicó) a mejorar las condiciones y prevenir el ingreso de drogas.
La funcionaria insistió en que el desafío principal no será el aumento del encierro, sino ampliar las medidas alternativas y los dispositivos de acompañamiento para adolescentes.
No solo bajar la edad sino dar oportunidades y políticas de largo plazo
Desde una mirada basada en años de trabajo dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, Arturo Piracés puso el foco menos en la discusión legal y más en las condiciones sociales que atraviesan a los adolescentes que delinquen.
El exfuncionario sostuvo que muchos jóvenes, especialmente antes de cumplir los 16 años, “están a la deriva” y que el principal déficit del sistema ha sido la falta de alternativas concretas para que puedan construir un proyecto de vida fuera del delito.
Según explicó, una de las experiencias más efectivas fue la implementación de talleres de oficios articulados con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde los adolescentes asistían con custodia, compartían espacios con estudiantes y aprendían herramientas laborales.
“Además de aprender un oficio, tomaban contacto con otro mundo”, señaló, al destacar que esos programas permitían a los jóvenes visualizar un destino posible fuera del circuito delictivo.
Instituto de Responsabilidad Penal ex COSE.jpg
Del total de las personas que delinquen solo el 8% son menores de edad.
Piracés también recordó el Servicio Cívico Voluntario impulsado durante la gestión provincial de Julio Cobos como otra política preventiva que, según su evaluación, había dado resultados positivos al ofrecer contención y actividades estructuradas para adolescentes con conflictos iniciales con la ley.
El especialista remarcó que, aunque la incidencia estadística del delito juvenil es baja- -del total de personas que delinquen solo el 8% son menores-, su impacto social es alto. En ese sentido, aportó un dato que calificó como preocupante: estimó que alrededor del 20% de las personas actualmente alojadas en el sistema penitenciario provincial pasaron durante su niñez o adolescencia por el sistema penal juvenil. Esto significa que quizás el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil sea la última oportunidad para que estos chicos no continúen su vida ligada al delito.
Además, advirtió que los casos más complejos son aquellos en los que los jóvenes ya integran bandas delictivas. Según relató, durante su gestión detectaron situaciones en las que adultos captaban adolescentes para incorporarlos como mano de obra dentro de organizaciones criminales.
“Cuando el grupo legitima esa forma de vida, sacarlos es mucho más difícil”, explicó, al insistir en que las respuestas deben incluir intervenciones comunitarias y políticas sostenidas en el tiempo.
Recuperación y prevención
El exfuncionario explicó que los procesos de reinserción dependen de múltiples factores (salud mental, entorno social y pertenencia a bandas) y que no existen respuestas únicas.
“Hay chicos que se recuperan y otros que no; cada caso es individual”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de intervenciones sostenidas en el tiempo y oportunidades concretas fuera del circuito delictivo.
