Unos cuentan los meses para dejar atrás su hogar y comenzar una nueva vida en un barrio que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está construyendo exclusivamente para ellos. Otros miran con recelo la llegada de esos nuevos vecinos y cuestionan: ¿por qué se ocupó el terreno para la construcción de casas si allí estaba previsto que la DGE levantara una escuela técnica?
Los primeros son los integrantes de 14 familias que serán reubicadas para que pase la traza del Metrotranvía. Sus casas se edificaron sobre las vías, en terrenos paralelos a la calle San Martín de Luján de Cuyo. Y allí vivieron durante décadas. Pero ahora, para que la obra de ampliación del tren pueda concluirse, tendrán que irse y ver cómo sus viviendas son demolidas.
Los segundos son los vecinos del nuevo barrio que construye el IPV en Mayor Drummond, allí donde estas 14 familias –si todo va bien con los tiempos- pasarán el invierno del 2026. Ellos no esperaban este movimiento… Esperaban una escuela, pero la DGE tomó otra decisión. Y la noticia los golpeó.
En diálogo con Diario UNO, la Dirección General de Escuelas explicó por qué liberó ese terreno que alguna vez recibió en donación con la obligación de construir un edificio propio para escuela Nº 6-045 de capacitación laboral.
De la escuela de la DGE que no fue a las casas del IPV
El terreno tiene algo más de 1.700m2. Fue donado por la familia Zgaib hace 30 años, después de demoler una antigua finca y lotear la zona. Pero la cesión tenía una condición: allí debía construirse una escuela.
El barrio creció, las casas se multiplicaron, pero la escuela nunca llegó. Tampoco hubo reclamos formales para exigirla. Con el paso del tiempo y el vencimiento de los plazos de prescripción previstos en el Código Civil, la DGE terminó consolidando el dominio perfecto del inmueble.
Entonces, ya sin acciones de revocación ni de ejecución del cargo disponibles, la DGE podría disponer del terreno. Y así fue.
“Existe cierta complejidad jurídica intrínseca al encontrarse en coexistencia normas de derecho público y privado”, respondió en su momento Fiscalía de Estado al ser consultada sobre la decisión de dejar sin efecto la idea original de levantar una escuela y avanzar con la cesión del terreno. Es que –siguió- “si bien se justifica el cambio de criterio en el cumplimiento del cargo, el mismo se encuentra vigente”.
Y sí: vigente en lo formal sí, pero exigible de manera forzosa no. Por eso, el Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública aprobó la transferencia del inmueble al IPV, que ya trabaja en el “complejo de viviendas Choele y Choel”, donde se mudarán las 14 familias que hoy viven sobre la traza del Metrotranvía.
La escuela que no hace falta, los motivos de la DGE
“El terreno oportunamente donado tenía un cargo vinculado a un destino educativo. Ese cargo estaba sujeto a un plazo legal que ya se encuentra vencido. En consecuencia, la Dirección General de Escuelas adquirió el dominio pleno del inmueble, sin restricciones de afectación”, señaló en ese sentido la DGE a Diario UNO.
En tanto que, respecto de la decisión de no construir la escuela prevista explicó formalmente: “Los informes técnicos actuales indican que no existe necesidad de construir un nuevo establecimiento educativo en ese sector”.
Para la DGE, “la demanda educativa en la zona está cubierta y es suficiente”.
Habiendo resuelto aquello, ante la necesidad del Gobierno provincial de reubicar a las familias en un ámbito urbano, cercano a su centro de vida y trabajo para que la mudanza obligada no resultase aún más chocante, la DGE resolvió cederle ese espacio al IPV.
“En el marco del proceso de ampliación del Metrotranvía y la relocalización planificada de familias que se encontraban sobre la futura traza, el inmueble fue destinado a una solución habitacional, conforme a la normativa vigente”, dijeron desde la dirección de Tadeo García Zalazar.
Con la donación ya firme y papeles en mano, el IPV comenzó formalmente la obra el 2 de febrero de este año. El objetivo es que las 14 viviendas estén listas dentro de unos 4 meses –aunque la empresa tiene por contrato un tiempito más-.
La inversión es de casi $1.300 millones y se desarrolla bajo la línea 1 del programa Mendoza Construye. Las casas tienen más de 60m2 cada una. Una vez que el IPV entregue la llave, cada familia comenzará a pagar la cuota correspondiente.







