Tiene 47 años y, aunque ya protagonizó la etapa judicial de casos criminales de alto impacto, Rafael Manzur, defensor de Pobres y Ausentes, transita por estas horas un camino espinoso porque sus nuevos representados son Pablo Arancibia y Micaela Méndez: los imputados por el femicidio de Florencia Romano.

Es clave su trabajo en la producción de pruebas en favor de la pareja: testimonios e informes técnicos, como la geolocalización del celular de Méndez para las horas del asesinato de la chica de 14 años.

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Pero la audiencia de prisión preventiva, en fecha a confirmar, será determinante para palpitar el futuro de ambos imputados.

Perfil

Al Rafa Manzur es fácil distinguirlo a primera vista en los tribunales. Por su gran estatura, su corpulencia, sus trajes impecables y su cabeza completamente rapada, que lo ponen en evidencia cuando camina el área de audiencias del fuero penal del Poder Judicial. Cualquier parecido con el teniente Kojak, personaje de la televisión de los ´70 interpretado por Telly Savalas, es pura coincidencia.

Se recibió de abogado en Derecho de la UNCuyo. En 2006 el Senado provincial le dio el acuerdo para asumir como titular de la Sexta Defensoría de Pobres y Ausentes, aunque ya había ejercido el rol de codefensor. El arribo a la función pública lo obligó a cerrar su estudio de abogado particular en la calle Mitre, tan cerca pero a la vez tan prudentemente lejos de los tribunales.

Conocedor del Derecho Penal pero también del Civil y Comercial. Un estudioso nato de las leyes que ejerció la docencia y participa y da capacitaciones. Así lo definen sus colegas de profesión.

Que hace valer el derecho de la defensa en juicio de sus representados es una de las características de Manzur que más resaltan en el Poder Judicial.

En 2014 tuvo una de las primeras pruebas de fuego de su carrera como defensor público: asistió a Raimundito Vega, que dos años antes había asesinado a tiros al recordado abogado penalista Adolfo Moreno, más conocido como El Gallego Moreno, en su casa de Dorrego, Guaymallén.

Podría decirse que los ojos de todo el padrón de abogados mendocinos todos estaban puestos en el desempeño de Manzur pero él no se achicó y ejerció la defensa de Vega con solidez, garantizando el derecho de defensa. Al cierre, como se veía venir, un tribunal condenó a Vega a prisión perpetua porque el caudal de pruebas en contra era irremontable.

En 2019 Manzur tuvo ante sí otra encrucijada en el ejercicio de la función y la vocación: defender a otro homicida. Esta vez a un policía. Diego Guzmán Zalazar, de la división Infantería, que fue juzgado por el crimen de Lucas Carrazco, hincha de la Lepra ultimado a la salida de un partido, en marzo de 2014, durante graves incidentes en el Parque San Martín. Y peor aun: de noche.

El caso llegó a debate después de varias postergaciones y de una nota trágica: el suicidio de la madre del muchacho de 22 años; que clamó y reclamó justicia durante casi un lustro.

Guzmán Zalazar fue condenado. Sí, es cierto. Pero a una pena y modalidad de cumplimiento inéditos. Tres años de prisión condicional por el delito de homicidio por exceso en cumplimiento de la función policial. Dicen que la labor de Rafael Manzur fue determinante para convencer al tribunal de que su representado mató pero sin la intención de hacerlo.