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La utilización de celulares por parte de presos es un tema de casi permanente debate.
Desde hace varios días que el tema viene generando preocupación entre las autoridades penitenciarias, judiciales y del Ministerio de Seguridad. Es que existe cierto temor sobre la quita del beneficio ya que podría generar un malestar dentro de la población carcelaria mientras que otros consideran que la utilización de los celulares es aprovechada para cometer delitos como estafas. Y si bien se evaluó la posibilidad de colocar inhibidores de señal en las cárceles, lo cierto es que la medida parece lejana por obstáculos técnicos, como por ejemplo, que también dejaría bloqueados los aparatos del personal que trabaja en el lugar.
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En ese marco es que se vienen realizando reuniones entre las autoridades. Una ocurrió el miércoles pasada entre magistrados penales de Mendoza y este viernes se concretó otra con el Ministerio de Seguridad. En esas cumbres se evaluaron las posibles alternativas a la situación a días de que se cumpla la fecha límite.
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La penitenciaría de Almafuerte.
¿Abrió las puertas el DNU de Javier Milei?
Fuentes judiciales detallaron que una de las opciones que se evalúa nació gracias al DNU que fue anunciado por el flamante presidente Javier Milei y parte de su gabinete el miércoles pasado. La medida tiene cientos de aristas que se están conociendo en detalle y una de ellas parece que tendrá influencia directa en la prohibición o permiso para que los presos usen celulares en las cárceles de Mendoza.
Es que el DNU estableció como primera medida la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, social y sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2025. Justamente ese último aspecto es el mismo que se decretó durante la pandemia, lo que allana el camino para que se pueda prorrogar por más tiempo el beneficio para los presos.
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Mientras todo esto es analizado, fuentes judiciales adelantaron que esta última semana de 2023 los titulares de las Defensorías Oficiales de Pobres y Ausentes realizarán una presentación en conjunto para que se extienda el permiso. La pelota estará en los pies del juez Sebastián Sarmiento.
Este magistrado, que hace unos años también fue director del Servicio Penitenciario, fue quien ha tratado el asunto en el Poder Judicial y además será quien esté de turno en la feria judicial durante la primera quincena de enero. Todo parece indicar que en estos días será quien defina la situación.
