El Colegio de Abogados de Mendoza promueve la creación de una fiscalía penal especializada en delitos contra los animales, como ya existe en otras provincias.
El Colegio de Abogados de Mendoza promueve la creación de una fiscalía penal especializada en delitos contra los animales, como ya existe en otras provincias.
Integrantes del directorio y de la Comisión de Derecho Animal de esa institución presentaron al jefe de los fiscales mendocinos, Alejandro Gullé, un plan que prevé la creación de una unidad fiscal dedicada a poner fin a esta problemática atendiendo casos en los cuales animales hayan sido víctimas de delito en cualquiera de sus formas: maltrato o abuso.
Oportunamente, la Justicia de Mendoza imputó e incluso condenó a personas que provocaron lesiones graves y en algunos casos la muerte de animales domésticos y de gran porte: perros, gatos y caballos, entre otros, fueron víctimas de golpizas, ataques con pirotecnia, abandono e incluso trabajos forzados y el faenamiento con fines comerciales.
Otro capítulo tiene que ver con el uso de la pirotecnia. Además, el entrenamiento y la utilización de canes y gallos para explotarlos en el mercado ilegal de las apuestas por pelea y carreras.
Tomando como referencia el modelo neuquino, se prevé incluir a aves y especies protegidas, muchas de las cuales han sido víctimas de envenenamiento o encierro, como los cóndores andinos.
La iniciativa del Colegio de Abogados se basa en tres pilares: hacer cesar rápidamente el delito, brindar contención y atención a los animales que sufren maltrato o crueldad y abrir canales de comunicación entre la justicia, la sociedad y los especialistas en la temática.
Para este año ya se está trabajando en un paso esencial: la capacitación de magistrados y auxiliares en materia de Derecho Animal como una forma de prevención.
Neuquén, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bahía Blanca ya tienen experiencia en esta temática. De hecho, la provincia patagónica, a través del Colegio de Abogados y el Ministerio Público Fiscal, promovieron en 2019 la habilitación de una aplicación informática para denunciar casos de maltrato animal.
El trabajo conjunto, del que también participaron organizaciones de defensa de los animales, derivó en la creación de una Unidad Fiscal Especializada en Derecho Ambiental y Animal.