Denunció a un diácono por su "doble vida", demandó a la Iglesia y ahora fue a la Corte Suprema

Los abogados de la mujer hicieron un primer intento de elevar la causa a la Corte de Nación en mayo de este año mediante un recurso extraordinario federal, pero el máximo tribunal mendocino se los denegó.

Como última instancia, la actora ahora fue en queja directamente a la Justicia nacional solicitando que intervenga por la "gravedad institucional" del caso, anule la sentencia provincial y le devuelva sus garantías constitucionales vulneradas.

El engaño de un diácono de la Iglesia Católica que la obligó a abortar

La historia comienza en 2003, cuando nace una relación amorosa. Durante años, la mujer estuvo convencida de que su novio era soltero, que no tenía familia y que trabajaba como viajante de comercio. Pero la verdad era otra. Y la descubrió 15 años después, accidentalmente.

El hombre no solo estaba casado y tenía hijos con otra mujer, sino que también era diácono permanente, es decir una figura que ejerce funciones en una parroquia. En su caso, además, era el director de un seminario en San Martín.

A estos hechos, se le sumó una grave denuncia: el diácono infiel la había obligado a abortar en dos oportunidades.

Con estos datos traumáticos, en 2018 la mujer presentó una denuncia ante la curia del Arzobispado de Mendoza acusando a su ex pareja por llevar una doble vida y haberla hecho abortar, pidiendo que fuera expulsado de la Iglesia y se le retirara su estado clerical.

La Iglesia, comandada en la provincia por Marcelo Colombo, abrió un proceso canónico para investigar la situación. Y aquí es cuando surge el conflicto que luego terminaría en tribunales civiles.

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Según la demanda de aquel entonces, el Arzobispado de Mendoza sometió a la mujer a un trato oscuro, con citaciones a solas ante clérigos, en escenarios de asimetría de poder y sin permitirle asistencia legal; negándole, además, información sobre cómo avanzaba el caso.

La justificación del Arzobispado para mantener la causa bajo llave fue el secreto canónico. Todo lo demás, fue negado.

Las idas y vueltas de la causa en la Justicia

La mujer reclamó una indemnización de $1 millón ante la Justicia Civil –en 2019- por daños derivados de la violencia de género institucional, psicológica y simbólica.

En una primera instancia, ya en el 2023, un tribunal le dio la razón y condenó al Arzobispado. Ese mismo año, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia, señalando que la autonomía religiosa no es excusa para vulnerar los derechos de una mujer.

Pero a principios de este año, la causa dio un giro.

El Arzobispado, que había recurrido los fallos ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, obtuvo el 4 de marzo una sentencia a su favor.

La Corte argumentó que no hubo violencia de género porque las normas de secreto canónico se aplican por igual a hombres y mujeres, y que todo el asunto se reducía a una simple "falta disciplinaria interna" de la Iglesia, no a un ilícito civil.

Como consecuencia, revocó la condena y le impuso el pago de las costas judiciales a la mujer.

Ahora, sus abogados intentan que la Corte Suprema de la Nación revierta esa decisión que favoreció a la Iglesia, amparándose en la Constitución Nacional, la gravedad del caso y los tratados de rango constitucional de protección a la mujer (CEDAW y Belém do Pará).