Una mujer demandó al Arzobispado de Mendoza en la Justicia Civil por daños derivados de la violencia de género durante una investigación interna de la Iglesia. Reclamó, además, $1 millón de indemnización.

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El origen de este pleito es una denuncia radicada en la Curia en septiembre de 2018 contra un diácono permanente por haber llevado "una doble vida" y procurado que le practicaran dos abortos en 2008 y 2011.

El hombre estaba adscripto a una parroquia y era director de un seminario, todo en San Martín. El diaconado permanente le fue conferido el 22 de octubre de 2006, según el Arzobispado. También, según la Curia, pidió licencia canónica que le fue otorgada hace un año apenas se radicó la denuncia en su contra.

Diácono permanente es una función eclesial que puede ser conferida a hombres casados, pero si al momento de la ordenación
están solteros no deberán contraer matrimonio porque se comprometen al celibato permanente. Deben ser probos, respetuosos y caritativos.

Hace poco más de un año, la mujer pidió por nota al arzobispo Marcelo Colombo que el diácono fuera expulsado de la Iglesia Católica y le fuera retirado el estado clerical.

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Expuso que conoció al denunciado en 2003, que él dijo ser soltero y que tuvieron una relación amorosa, algo que no está impedido por las leyes de la Iglesia.

Varios años después descubrió que era casado y que tenía hijos, lo que sí está sancionado por el Derecho Canónico por tratarse de una conducta impropia.

Por la interrupción de los embarazos que ella denunció, él arriesga la excomunión, según establece el Derecho Canónico.

El expediente está en manos de la jueza María Verónica Vacas, del Tercer Tribunal de Gestión Asociada.

Los abogados Carlos Lombardi y Carolina Jacky patrocinan en sede civil a la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva al igual que la del diácono permanente. De hecho, a pedido de Luis Cuervo, abogado del Arzobispado, en la cubierta del expediente ya no figuran el nombre y el apellido completos de la mujer sino sus iniciales, como una forma de resguardar la privacidad. 

Aseguran que la Iglesia lesionó la garantía de defensa en juicio y los derechos a la información fundada y a conocer la verdad cuando ella quiso saber cómo avanzaba la pesquisa a través de sus representantes legales.

"Se me negó la participación en el procedimiento administrativo iniciado por la Iglesia y cuando solicité información acerca del resultado también se me denegó al no brindarme constancias escritas algunas del mencionado expediente"  "Se me negó la participación en el procedimiento administrativo iniciado por la Iglesia y cuando solicité información acerca del resultado también se me denegó al no brindarme constancias escritas algunas del mencionado expediente" 

De la demanda civil

En nombre de la Iglesia

"A la denunciante se la notificó y se la mantuvo informada de todo lo que se puede comunicar dada la naturaleza particularísima de esta etapa de la investigación interna", dijo Cuervo, representante del Arzobispado de Mendoza, en referencia al proceso canónico en marcha.

"Niego terminantemente que la Iglesia haya presionado o intimidado a testigos de la denunciante: fuimos a notificarlos para que efectivamente vinieran a declarar. Jamás tratamos de que ella dejara sin efecto la denuncia". "Niego terminantemente que la Iglesia haya presionado o intimidado a testigos de la denunciante: fuimos a notificarlos para que efectivamente vinieran a declarar. Jamás tratamos de que ella dejara sin efecto la denuncia".

Luis Cuervo, abogado del Arzobispado de Mendoza

-¿Cómo se abrió la investigación canónica?

-Primero debo aclarar que no hay contraposición alguna entre el Derecho Canónico, que es el derecho universal de la Iglesia y que funciona para la vida disciplinaria de la Iglesia, y el Derecho Constitucional Argentino. La investigación canónica se inició a raíz de la denuncia canónica presentada por la señora.

-¿Qué puede pasar con esta denuncia y pedido de expulsión del diácono permanente?

-Depende de la denunciante. Avanzará si ella aporta pruebas. Caso contrario será clausurada en un plazo prudencial.

En el expediente

Diversa documentación forma parte de la causa identificada con el número 13-04826184-6 que se tramita en el juzgado de la magistrada María Verónica Vacas.

Entre otra, una nómina de testigos y la boleta por un servicio de tevé satelital a nombre del diácono permanente -que la mujer presentó para demostrar que él se hacía cargo de algunos gastos, incluso del alquiler de una vivienda-; fotografías en las que aparecen él y ella, y notificaciones a la Justicia y desde la denunciante a la Iglesia y viceversa.

Entre las actuaciones consta la denuncia que motivó la pesquisa interna de la Iglesia y una misiva enviada por el Arzobispado, con fecha junio de 2019, donde se informa a la denunciante del inicio de la causa canónica y de diversos pasos dados a la fecha, como la citación a declarar en sede canónica, algo que fue reprochado por Lombardi y Jacky.

"Se han cometido privación del patrocinio letrado y asistencia profesional; intimidación de testigos; denegación de justicia, todo en flagrante violación de normas constitucionales, convencionales y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza" "Se han cometido privación del patrocinio letrado y asistencia profesional; intimidación de testigos; denegación de justicia, todo en flagrante violación de normas constitucionales, convencionales y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza"

Los abogados de la denunciante