Una mujer demandó al Arzobispado de Mendoza en la Justicia Civil por daños derivados de la violencia de género durante una investigación interna de la Iglesia. Reclamó, además, $1 millón de indemnización.
El origen de este pleito es una denuncia radicada en la Curia en septiembre de 2018 contra un diácono permanente por haber llevado "una doble vida" y procurado que le practicaran dos abortos en 2008 y 2011.
El hombre estaba adscripto a una parroquia y era director de un seminario, todo en San Martín. El diaconado permanente le fue conferido el 22 de octubre de 2006, según el Arzobispado. También, según la Curia, pidió licencia canónica que le fue otorgada hace un año apenas se radicó la denuncia en su contra.
Diácono permanente es una función eclesial que puede ser conferida a hombres casados, pero si al momento de la ordenación
están solteros no deberán contraer matrimonio porque se comprometen al celibato permanente. Deben ser probos, respetuosos y caritativos.
Hace poco más de un año, la mujer pidió por nota al arzobispo Marcelo Colombo que el diácono fuera expulsado de la Iglesia Católica y le fuera retirado el estado clerical.
Expuso que conoció al denunciado en 2003, que él dijo ser soltero y que tuvieron una relación amorosa, algo que no está impedido por las leyes de la Iglesia.
Varios años después descubrió que era casado y que tenía hijos, lo que sí está sancionado por el Derecho Canónico por tratarse de una conducta impropia.
Por la interrupción de los embarazos que ella denunció, él arriesga la excomunión, según establece el Derecho Canónico.
El expediente está en manos de la jueza María Verónica Vacas, del Tercer Tribunal de Gestión Asociada.
Los abogados Carlos Lombardi y Carolina Jacky patrocinan en sede civil a la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva al igual que la del diácono permanente. De hecho, a pedido de Luis Cuervo, abogado del Arzobispado, en la cubierta del expediente ya no figuran el nombre y el apellido completos de la mujer sino sus iniciales, como una forma de resguardar la privacidad.
Aseguran que la Iglesia lesionó la garantía de defensa en juicio y los derechos a la información fundada y a conocer la verdad cuando ella quiso saber cómo avanzaba la pesquisa a través de sus representantes legales.