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Casi el 50% del oro ilegal que sale de América del Sur es extraído de este país: exportaciones aumentaron a US$12.000 millones en 2025

En América del Sur, el oro ilegal se ha convertido en una de las economías ilícitas más grandes y difíciles de controlar

En medio de ese escenario, un país de América del Sur se ha convertido en un punto crítico del debate, donde la actividad aurífera convive con dinámicas de comercio irregular y un creciente interés internacional por el oro como activo estratégico.

Las estimaciones del mismo estudio indican que las exportaciones de oro de origen ilegal podrían alcanzar cerca de US$12.000 millones en 2025, una cifra que se acerca peligrosamente al valor del oro producido bajo estándares legales, evidenciando la escala industrial que ha adquirido esta actividad.

Extraccion de oro peru (2)

El país bajo la lupa por el auge del oro informal

Investigaciones del IPE y organizaciones como FACT Coalition advierten que la minería ilegal de oro en la región se ha expandido en la última década impulsada por tres factores principales:

  • el aumento sostenido del precio internacional del oro
  • la debilidad de los sistemas de fiscalización en países productores
  • la infiltración de redes criminales en la cadena de comercialización.

Perú destaca no solo por volumen, sino también por la sofisticación de sus rutas de exportación. El oro ilegal suele ser “blanqueado” dentro del país mediante empresas fachada o mezclado con producción legal antes de ser enviado a refinerías internacionales, principalmente en Asia, Medio Oriente y Europa.

Otros países como Colombia, Bolivia, Brasil y Venezuela también figuran en la cadena regional, aunque en menor proporción. Sin embargo, Perú concentra el mayor peso debido a la escala de su minería aurífera y a la presencia de zonas críticas como Madre de Dios, donde la deforestación y el uso de mercurio han transformado el paisaje amazónico.

De acuerdo con la Coalición por la Transparencia Corporativa (FACT), el oro ilegal en América del Sur no solo representa una pérdida económica para los Estados, sino también una de las principales fuentes de financiamiento para redes de crimen organizado, que han diversificado sus actividades desde el narcotráfico hacia la extracción de minerales.

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