Durante mayo y lo que va de junio ya se abrieron 42 expedientes contra personas que ofrecen cuidar o lavar vehículos estacionados en las calles del Gran Mendoza a cambio de dinero. Esta falta quedó tipificada en el Código Contravencional y la multa va de $3.600 a $9.600.

Gran polémica causó la Municipalidad de Ciudad al dar el puntapié inicial en marzo de 2018 para no permitir la actividad de los denominados “trapitos” en la vía pública de ese departamento. Luego varias municipalidades se sumaron a la medida. Esto culminó con la inclusión de dos artículos -57 y 58- en el nuevo Código de Faltas prohibiendo este tipo de tareas.

A pesar de que las multas van desde los $3.600 a los $9.600 o entre tres y diez días de arrestos, actualmente muchos buscan ganarse unos pesos ofreciendo este tipo de servicios. Esto ha llevado a, prácticamente, colocar una multa por día, ya que son 42 los expedientes abiertos en los últimos 45 días.

Estas cifras corresponden a la primera circunscripción, es decir, que atañe a los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Lavalle.

Solo en las inmediaciones del Club Mendoza de Regatas se ha realizado un convenio para mantener un servicio de lavado de vehículos. Según Ricardo Mariotti, director de Parques y Paseos Públicos, cuando comenzó a regir la ordenanza se le dio de baja también a este grupo de trabajadores pero luego, a pedido del club, se los dejó continuar con sus actividades.

En Capital, esta medida fue motivada por las quejas de los vecinos, según explicó al presentar la legislación municipal el subsecretario capitalino de Seguridad Ciudadana, Raúl Levrino: "Uno de los mayores reclamos de nuestros vecinos y ciudadanos que transitan Ciudad, sin lugar a dudas, son los denominados trapitos, que afectan a la convivencia pacífica porque generan una coacción, como lo es fijar una tarifa para dejar el auto, o incurrir en algún tipo de acoso cuando las personas estacionan o suben a su vehículo para irse".

Alfredo Cornejo también tomó postura cuando se llevó adelante la ordenanza en ese municipio. "Apoyo absolutamente al intendente Rodolfo Suarez en esto de organizar el espacio público. Una persona por ser pobre no tiene el derecho de cobrarle a otra por cuidarle el auto. Los trapitos no son víctimas del Estado. Optaron por ese trabajo", lanzó el gobernador.

La resistencia a la legislación duró varios meses debido a que no era menor el número de personas que tenían esta ocupación. Para disminuir la polémica, la comuna lanzó una serie de capacitaciones con el fin de que empresas privadas los contraten.

Hubo casos exitosos como el de Maximiliano Rus, de 27 años, quien trabajó durante 12 años de cuidacoches en el Parque Central y luego se convirtió en empleado de una conocida empresa gastronómica de la calle Arístides Villanueva.

Sin embargo, desde la comuna estimaron que eran 207 personas que se dedicaban a esta actividad en Ciudad. Además, este número, se incrementaba durante actividades o espectáculos especiales. Muchos de estos trabajadores se organizaron y su vocero Esteban Zeballos señaló, en esa oportunidad, que "la mayoría de los trapitos tiene antecedentes legales".

Esta situación implicaba una complicación a la hora de obtener el certificado de buena conducta para un trabajo.

Esto llevó a que en febrero del 2019, un grupo de trapitos y limpiavidrios mendocinos presentara  una acción de inconstitucionalidad contra el nuevo Código de Faltas y recusaron al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, para que se aparte del caso antes de que haya una definición. El argumento para apartar a Garay es que participó activamente de la redacción del nuevo Código de Faltas cuando era ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo.