Cuentan que la ministra de Energía Jimena Latorre hervía de enojo cuando llamó al presidente de YPF y ex tenista profesional Horacio Marín, para gritarle el pasivo ambiental descubierto por una productora en Lunlunta, Maipú. Barro empetrolado, petróleo, ¿hidrocarburos en el agua? Olor a combustibles, solventes, lo que fuere. Fue a principios de septiembre y sonaron todas las alarmas.
Derrame. Personal de Ambiente y de YPF trabajan en la zona afectada.
“¡No les voy a firmar la cesión de ningún área hasta que resuelvan esto!” le habría advertido la ministra a Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal.
¿Por qué es trascendente un pasivo ambiental antiguo, probable resultante de prácticas de 20 o 30 años atrás, circunscripto en unos 200 metros cuadrados, y cuyos análisis provisorios no arrojarían contaminación en el río Mendoza?
Porque conocidos actores ambientalistas, algunos de ellos negacionistas hasta la ceguera mental, están cuestionando la minería del futuro aunque se cumpla la ley 7722, escudándose en prácticas extractivas del pasado. Todo esto, mientras el gobierno de Mendoza avanza con la Declaración de Impacto Ambiental Conjunta del Distrito Minero Occidental Malargüe, la única posibilidad socialmente aceptable de extraer cobre en esta provincia. Es decir, un derrame más inoportuno, no se consigue. Una noticia incómoda mientras el gobierno intenta atraer hacia Mendoza los ojos -y las chequeras- de los inversores mineros del mundo.
Petróleo viejo
En la zona afectada por este derrame de hidrocarburos hay explotación petrolera desde hace décadas. El yacimiento observado es Cruz de Piedra, parte del área Barrancas. Es una de las áreas convencionales del clúster “Mendoza Norte” que YPF intenta ceder -vender, más bien- a otra compañía, como parte del Proyecto Andes que los llevó a deshacerse de áreas de petróleo convencional y muy maduro en todo el país, para dedicar sus recursos financieros al desarrollo de shale oil y gas en Vaca Muerta.
La petrolera estatal ha conseguido “candidatos” para el área de Barrancas. Anunciaron días atrás un acuerdo con la familia Miedvetzky, conocidos del mundo del gas y del petróleo; propietarios desde hace unos años de Petróleos Sudamericanos SA, PS Energy. Trabajan con áreas maduras, convencionales y marginales en Río Negro y Neuquén. Se hicieron de esta empresa en 2021 y el CEO es otro conocido, Alfredo Bonatto, ex Petrobras. Son los que tendrán que esperar que YPF resuelva el pasivo en Lunlunta. En el gobierno provincial los conocen poco y aclaran que esta empresa es “la candidata de YPF” para quedarse con Barrancas. De hecho, hubo una sola reunión entre la ministra Latorre y Bonatto. Allí les impusieron a los candidatos a quedarse con las áreas petroleras de Barrancas, Ceferino, Mesa Verde, Río Tunuyán, La Ventana y Vizcacheras, las condiciones de inversión que espera el gobierno.
La petrolera estatal ya presentó un plan de remediación del problema ambiental en Lunlunta. Entretanto, han colocado barreras oleofílicas en los cursos de agua que llegan a la margen norte del Río Mendoza, esto es unos 2.000 metros aguas abajo del dique Cipolletti. Y tanto la Dirección Provincial de Ambiente a cargo de Nuria Ojeda, la dirección de Gestión Ambiental de Irrigación que ocupa Fabio Lorenzo, como la propia YPF, y los regantes; están esperando resultados de estudios que está haciendo un laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo y la propia YPF, para saber si se confirman las presunciones iniciales: el petróleo está en la tierra y no habría llegado al río, según los freatímetros que Irrigación tiene en el lugar. Su titular Sergio Marinelli se hizo cargo de tales afirmaciones. "No hay contaminación en el agua" dijo.
A la petrolera, Jimena Latorre -que integró el directorio de YPF en nombre de la provincia hasta hace unos meses- les demandó un estudio geoeléctrico, que sirve para medir la conductividad y resistividad del agua y de la tierra, con idea de ver hasta dónde pudo llegar el derrame.
El origen de esta pérdida de hidrocarburos se desconoce, por ahora, y es motivo de investigación. Probablemente haya ocurrido por la corrosión de un viejo oleoducto, lo que ha impregnado la tierra y el barro del lugar. Suelo húmedo además, a causa de la elevación de la napa.
Hay cuestiones ambientales y climáticas importantes. Tanto la producción de Hidrocarburos en Barrancas como la agrícola, están sobre un acuífero que desciende hacia el Este de la provincia, con napas de agua subterránea muy altas que suben casi hasta la superficie cuando el río viene con mucho caudal -ocurrió el año pasado y volverá a suceder- o cuando hay lluvias muy intensas.
Dato técnico: el año pasado, según el Departamento General de Irrigación, el río Mendoza escurrió 1.365 hm3 de agua. En “cantidad de agua”, equivale a 1.365 “canchas de Boca” de 100 metros de alto. Fue un año bueno. Una temporada normal implicaría 1.400 hm3, pero pensemos que venimos de sequía con años de 775 hectómetros, como en 2022. Para la temporada que se inicia y con los embalses a reventar, el pronóstico para el río Mendoza es de 1.230 hm3. Es decir, que la napa en el bajo Lunlunta volverá a subir. Mala noticia para muchos que han construido costosas cavas que se les están arruinando.
Ahora… ¿Por qué este derrame descubierto en agosto que podría ser menor, tuvo impacto noticioso nacional ya bien entrado octubre?
Porque desde su descubrimiento hubo una batería de operaciones que incluyó desde la intención de impedir la minería (aunque fuere la que cumple la ley 7722) a través de usinas de desinformaciones y fake news al servicio (nunca mejor usada la palabrita) de tales intereses, y alguna mala praxis política, como la suspensión inoportuna de la Inspectora de Cauces Emilia Scatolón, la mujer que descubrió el derrame en agosto, cuando intentaba desviar agua de las napas hacia el río a través de una sangría. El bajo Lunlunta es inundable desde siempre. No es un problema de ahora.
La inspectora rebelde
Emilia Scatalón es de esas personas que se mete en todo, “menos en política” aclara ella. En la zona agrícola de Maipú la conoce todo el mundo y es Inspectora de Cauce del Canal Matriz Lunlunta, desde 2011. Como se sabe, las inspecciones de cauce son una bisagra importante del “gobierno del riego” de Mendoza. A los inspectores los eligen los regantes.
El asunto es que el 4 de octubre y en medio de la remediación por el derrame, el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación decidió suspender por 60 días a Emilia Scatolón, a modo de “sanción disciplinaria”, y reemplazarla por otra regante llamada Luisa Altamirano. En la resolución del HTA que lleva el número 463, le reclaman a la Inspectora por diversas irregularidades en la rendición de cuentas de la Inspección del año 2022 y rechazan todos sus descargos. “...Se le ha pedido que aclare sobre una diferencia de imputación entre los gastos expuestos en los estados contables y lo registrado por $ 2.333.452,77; falta de documentación respaldatoria sobre compras y contrataciones realizadas, falta de comprobantes respaldatorios por $ 1.776.187,02 e inconsistencias con las liquidaciones de sueldos de empleados de la inspección de cauce, todo durante 2022” dijeron en el DGI. La resolución indica que la inspectora Scatolón fue sancionada años atrás, y multada, por problemas en las rendiciones de cuentas de los años 2017, 2018, 2020, y 2021. La sanción ahora es por el anteaño pasado, y dicen además que tampoco entregó la rendición de 2023 en tiempo y forma. Este es el documento que acredita la suspensión:
La suspensión de Emilia Scatolón fue una torpeza política. Al punto que ella dijo en su descargo a Irrigación que sufría "persecución institucional" por “estar en contra del Proyecto de Código de Aguas”, y porque se habría intentado “ocultar un pasivo ambiental” que ella denunció.
En la charla, la inspectora dijo haber apelado la sanción de Irrigación y que estaba “sin efecto”, algo que en el DGI desmienten. “No es así, el HTA no se ha vuelto a rendir” dijeron.
La Inspectora Scatolón hizo algunas afirmaciones graves, en conversación con quien escribe esta columna. “Me persiguen y se enojaron porque hice la denuncia del derrame en la fiscalía” dice. Es cierto, le dio estado penal a este pasivo ambiental. Fue el fiscal Gabriel Blanco de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los animales y No Especializados, quien habría tomado las actuaciones iniciales. “Además hubo personas importantes de Irrigación que me sugirieron que renuncie…” dijo, pero no quiso revelar los nombres de tales “consejeros”. Aseguró tener “miedo” de que “alguien entre a mi casa” y que recibió amenazas de muerte, que también presentó a la justicia. “Lo hicieron desde números de WhatsApp que denuncié en la fiscalía de Maipú” contó.
La mujer suspendida es de las que recorre y conoce cada palmo del territorio. Sobre su denuncia, es probable que algunos referentes de la oposición hayan montado una operación para “limar” el avance de la minería del cobre en el sur provincial, simplemente cuestionando la capacidad del gobierno para controlar a las empresas que realizan actividades extractivas.
Uno de los principales activistas tras la denuncia de Scatolón es el abogado ambientalista, ex senador provincial, Marcelo Romano. Que alguna vez formó parte del radicalismo y de Cambia Mendoza, y que luego fue pasando por diversos partidos de la oposición. Ahora recaló en el Municipio de Maipú. Desde hace años, tiene buena relación con el intendente peronista Matías Stevanato. El diario La Nación citó palabras de Romano días atrás. “No pueden controlar una industria que vemos aquí, cerca, imagínense cómo van a controlar a una minera en el medio de la Cordillera de los Andes…” dijo en referencia a este derrame.
En el gobierno se enervan cada vez que aparece Romano. Es una suerte de desprecio mutuo y profundo. Los radicales festejaron cuando en mayo de este año el ex senador fue condenado en primera instancia a diez meses de prisión en suspenso por la agresión a dos policías en un control de tránsito en 2019. Por ese caso, a Romano le quitaron los fueros para que sea juzgado.
Otro de los “enemigos ambientales” del gobierno es el diputado massista Jorge Difonso, quien también formó parte de Cambia Mendoza y antes de las últimas elecciones se fue a La Unión Mendocina. Es uno de los “padres” de la Ley anti minera 7722 y aprovechó la volada para dictaminar la supuesta incapacidad del gobierno y de las empresas para controlar, en este caso, la actividad petrolera. Y criticó la formación de la empresa minera de mayoría estatal Impulsa (la que envió la DIA conjunta de los proyectos mineros de Malargüe) acusando a funcionarios de estar a ambos lados del mostrador.
Lo que ven en el oficialismo es que hay “manos negras” aprovechando el incidente, para bloquear la chance de explotar minería del cobre, aún cumpliendo la ley 7722. Sin embargo, llama la atención que ni referentes ni funcionarios del oficialismo hayan salido a confrontar las opiniones de dirigentes de la oposición que se han montado sobre esta falla. Probablemente están esperando el resultado definitivo de los estudios, o no quieren alimentar la hoguera mientras en la Legislatura empezará a debatirse la DIA conjunta del DMOM.
Línea de tiempo
Cuando Emilia Scatolón puso las máquinas que le prestó Irrigación a mediados de año para ampliar la sangría y desviar el agua que salía de las napas hacia el río Mendoza, apareció el barro empetrolado. Intervinieron rápido la Dirección de Protección Ambiental, Irrigación, y la propia YPF. “Se pusieron a limpiar locaciones que no se tocaban hace años y estaban llenas de yuyos” dijo Scatolón. La noticia sobre este derrame apareció a inicios de septiembre.
Ahora, cuando este mes sancionaron a la inspectora que había denunciado el derrame, por cuestiones que tienen que ver con su administración de la Inspección de Cauces en un sumario de más de un año de antigüedad, se armó el caldo de cultivo perfecto para las suspicacias. La suspensión de la inspectora justo en medio del debate por el control ambiental fue una torpeza política. Porque le dio aire a los fantasmas, y permitió que se activasen operaciones burdas de desinformación. El miedo funciona. Cuando se debatió la ley minera a fines de 2019, se dijeron una cantidad de barbaridades de calibre mayor que lograron asustar a una población que no tiene por qué conocer sobre cuestiones técnicas. Como cuando le hicieron creer a la gente que el fracking causaba temblores.
Para el acta: la suspensión de Emilia Scatolón y el derrame de hidrocarburos coinciden en el tiempo, pero no tienen nada que ver entre sí. Son hechos separados. Aunque ella está convencida que la sancionaron por descubrir el pasivo ambiental, y defiende a Romano. “Viene a las asambleas con un poder de la Municipalidad de Maipú… ¿qué quieren que haga, que lo eche?” se pregunta la mujer, productora agrícola de la zona, que jura no recibir ni un peso de YPF por el uso de locaciones en sus campos, o por servidumbre de paso de oleoductos del área Barrancas. “A mi no me van a encontrar en ningún papel…” dice, aunque reconoce que tal vez algún miembro de su familia política que está en la zona desde hace décadas, sí pueda ser uno de los productores que tiene este tipo de relación comercial con la petrolera estatal.
YPF, en tanto, ha hecho silencio sobre el caso. No han hecho ni una sola comunicación oficial desde que se descubrió el derrame, aunque sí presentaron un plan de remediación “que no sabemos si es suficiente” dicen en el área ambiental del gobierno, justamente porque no se conoce la profundidad del incidente.
La mayoría de las opiniones técnicas sostienen que se trata de un pasivo mal resuelto hace muchos años, o que no había sido descubierto y afloró con el crecimiento de la napa, y la remoción de la tierra. “Es barro empetrolado” dicen. En el oficialismo no están seguros si este área afectada forma parte o no de los pasivos ya resueltos, o presentados como tales en el anuncio que se hizo meses atrás, cuando el gobierno aseguró que tenía el 98,5 % de sus pasivos ambientales solucionados. Admiten que es posible, pero se determinará cuando logren perimetrar con exactitud el alcance de los hidrocarburos sueltos a través de la tierra.
No es Scatolón la única persona que denuncia presencia de hidrocarburos en el Bajo Lunlunta. Algunas familias aportaron a este medio documentación, resoluciones oficiales de Ambiente y denuncias de años anteriores. Incluso hay fotos de 2021 que muestran petróleo superficial, mucho más evidente que ahora, como se puede ver en algunas de las siguientes fotografías:
¿Cómo está la situación hoy?
El área afectada está en plena remediación. Se colocaron barreras oleofílicas, se están estudiando los resultados de las mediciones de los pozos freáticos (hay uno a un metro de una de las puntas del derrame), y se hicieron una veintena de prospecciones llamadas “calicatas”, para medir la calidad de la tierra y del agua. Esos son los análisis que están a estudio de la UNCuyo. Irrigación y la Dirección Provincial de Ambiente están pendientes de esos resultados, y del estudio geoeléctrico que ha hecho YPF.
El incidente trajo aparejada una novedad económica. El gobierno no va a autorizar la cesión del área Barrancas, del clúster “Mendoza Norte” que YPF salió a aportar, hasta que este incidente esté resuelto a satisfacción de todas las partes, confirmó una fuente. Y hay que ver además qué hacen los fiscales con la denuncia penal que presentó la inspectora Scatolón. La petrolera estatal ya había acordado traspasar ese área a PS Energy, con la que habían llegado a un acuerdo que aún no había sido certificado oficialmente. “Acá, no trajeron ni un papel” dicen en el Ministerio de Energía de la Provincia. El gobierno tiene opinión vinculante en la cesión de áreas entre privados.
Ahora habrá que esperar a que se remedie este pasivo ambiental, a que los estudios digan hasta dónde trepó el hidrocarburo suelto, si llegó al río Mendoza, o si hay riesgos de nuevos incidentes en una zona que es productiva, agrícola, petrolera, y además, inundable.