Malestar de los especialistas

Ya rige la ley de emergencia: el Estado puede formar anestesiólogos y frenar renuncias por 120 días

El Gobierno de Mendoza promulgó la ley de Emergencia en Anestesiología y la publicó este jueves en el Boletín Oficial. Se podrá obligar a hacer guardias a quienes hayan brindado servicios en Salud durante los últimos cinco años

El Gobierno promulgó la ley de Emergencia en Anestesiología, con la que busca solucionar el conflicto que se originó con los especialistas y que derivó en casi 5.000 cirugías suspendidas durante los últimos meses. La norma tiene una vigencia de 120 días, pero es prorrogable por el mismo lapso si así lo define el Ejecutivo y la Legislatura acompaña. De esa manera, el gobierno podría mantener este régimen hasta el 14 de enero de 2023.

Para el Gobierno fue un triunfo. En menos de cuatro días, e incluyendo una doble sesión legislativa de pocas horas, logró que el peronismo acompañase su idea y se pudiera congelar la constante salida de especialistas del sistema público.

Ahora tendrá ante sí algunas tareas determinantes: la primera será convocar a más trabajadores o recuperar a los que se fueron, porque renunciaron más de 60 empleados y eso puso a las cirugías de Mendoza en un cuello de botella, con más de 4.500 pacientes que todavía están esperando una intervención.

La segunda será encauzar el diálogo con los médicos, ya que, tanto la situación preexistente, como el malestar que genera la ley parecen haber dinamitado todos los puentes entre el Ministerio y los especialistas. Deberá apoyarse en la mesa de negociación que el PJ logró colar en el proyecto, y en la que se sentarían todas las partes involucradas.

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La ministra Nadal fue la encargada de presentar el proyecto. Busca congelar las renuncias, capacitar a nuevos anestesiólogos y recuperar a quienes hayan brindado servicios al Estado en los últimos cuatro años.

La ministra Nadal fue la encargada de presentar el proyecto. Busca congelar las renuncias, capacitar a nuevos anestesiólogos y recuperar a quienes hayan brindado servicios al Estado en los últimos cuatro años.

Finalmente, hay otra definición que tomar. De qué manera y desde cuándo comenzarán las capacitaciones que quiere hacer el Estado. Es el punto más álgido, porque desde la otra vereda no querían que se toque la formación actual. En concreto, nadie del Gobierno explicó cómo hará esto y cuánto tiempo prevé para esos aprendizajes. "Será como una residencia", es lo único que dijo un legislador oficialista a UNO.

Qué dice la Ley de Emergencia en Anestesiología

El texto indica que las renuncias de los anestesiólogos serán efectivas una vez aceptadas, o bien transcurrido un plazo de 120 días. Antes de eso, deberán seguir cumpliendo sus mismas tareas, bajo amenaza de penalización: de un mes a cinco años sin poder ejercer la actividad. Es el mismo tiempo que durará la emergencia (hasta el 16 de septiembre); aunque el gobernador podría extenderla por cuatro meses más, con un decreto que sea refrendado por votación legislativa. Quiere decir que el oficialismo podría llevar este esquema hasta el 14 de enero de 2023.

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Además, el Gobierno podrá convocar a exresidentes o exjefes de residentes que hayan prestado servicios al Estado en los últimos cinco años, y hacerlos trabajar. Puede ser en guardias de lunes a viernes o bien durante fines de semana. Esto es una carga pública y, de no cumplirla, regirá la misma sanción que prevé hasta cinco años de tareas suspendidas.

El artículo quinto permite que el Ministerio de Salud reasigne funciones y horarios de los anestesiólogos, con la posibilidad de trasladarlos a otros centros asistenciales si lo considera necesario. Según explica, esto se fundamenta por el propio estado de emergencia que impone la ley. Agrega que el Estado se hará cargo de los costos adicionales de todas esas modificaciones.

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Los anestesiólogos nucleados en la AMA brindaron una conferencia de prensa el lunes por la tarde. Rechazaron la norma, pero afirmaron que el proyecto mejoró tras la intervención opositora.

Los anestesiólogos nucleados en la AMA brindaron una conferencia de prensa el lunes por la tarde. Rechazaron la norma, pero afirmaron que el proyecto mejoró tras la intervención opositora.

Finalmente, el polémico apartado número 7 es que faculta a la cartera sanitaria a " que arbitre los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales médicos y técnicos anestesistas, como así también la formación de los profesionales residentes". En la reglamentación de la ley, será esencial definir cómo piensa brindar esas enseñanzas y a través de qué medios pretende lograrlo. Una serie de detalles que podrían ver la luz durante la reglamentación de la norma.

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Por último, se establece la tan mentada mesa de negociación. Tendría presencia de los involucrados y espacio para representantes de la Legislatura -según la proporcionalidad de las cámaras-. Resta definir si quienes se sienten allí como emisarios de los profesionales serán sólo de la AMA (Asociación Mendocina de Anestesiología) o si habrá lugar para quienes están fuera de ese organismo.

Encuentros con la política

Los anestesiólogos mantuvieron varias reuniones con dirigentes locales mientras duraba la negociación previa a la ley. Arturo Salassa, vocero de los profesionales, mencionó al diputado nacional Omar de Marchi, a los senadores Lucas Ilardo y Gerardo Vaquer (PJ); y al diputado Jorge Difonso (Cambia Mendoza).

"La verdad, nos sentimos escuchados por varios bloques. La política es un mundo ajeno a nosotros, y nos complace el interés genuino que vimos. Es una muestra de consciencia del arco político, y la verdad es que también nos llevó a nosotros a reflexionar. Sabemos que tenemos que revisar y mejorar muchas cosas", dijo Salassa a UNO.

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Gerardo Vaquer, Lucas Ilardo y Alejandro Bermejo. Los dos primeros mantuvieron reuniones con los especialistas antes de la votación de la ley.

Gerardo Vaquer, Lucas Ilardo y Alejandro Bermejo. Los dos primeros mantuvieron reuniones con los especialistas antes de la votación de la ley.

Además, los especialistas aguardan con cierta impaciencia la conformación del espacio de consenso previsto en la ley. Allí se discutirán, además de aspectos salariales, algunos pormenores menos conocidos de la tirante relación con el Gobierno.

Por ejemplo, uno de esos ejes la disputa por los nomencladores (la nómina que define cuánto sale cada intervención anestésica, de acuerdo a la importancia de las cirugías en cuestión). El Estado lo maneja a nivel público, pero la AMA tiene poder de definir en las cirugías privadas. Según cuentan desdelas clínicas, desde ambos bandos buscan modificaciones en ese esquema de decisión. Será un punto clave del diálogo.

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