Tres jueces laboralistas tienen ahora la misión de revisar el acuerdo indemnizatorio firmado en 2018, inicialmente por $4,5 millones, entre el ahora destituido magistrado Antonio Vicente Sánchez Rey y la ART Provincia por la discapacidad física que sufrió en un accidente de trabajo.

Se trata de Sergio Simó, Ana María Salas y Federico Fioquetta, presidente y vocales respectivamente de la Séptima Cámara del Trabajo, que funciona en el edificio judicial situado en San Martín 322 de Ciudad.

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Saturados. Las siete cámaras laborales de la provincia recibieron en el 2016 19.166 causas.
La Justicia Laboral del Gran Mendoza funciona en San Martín 322 de Ciudad.

La Justicia Laboral del Gran Mendoza funciona en San Martín 322 de Ciudad.

Al final de este procedimiento, ellos serán los encargados de legitimar o dejar sin efecto el convenio.

Si concluyeran que es válido y se ajusta a las leyes y procedimientos vigentes, las actualizaciones pertinentes por capital e intereses acumulados desde 2017, cuando se accidentó un brazo con un portón, arrojaría una suma fuerte en favor del ex juez que rondaría los $10 millones.

La intervención de la Séptima Cámara del Trabajo fue dispuesta por la Suprema Corte de Justicia (hace un año y siete meses) cuando en abril de 2019 encomendó a ese tribunal que se ocupara de poner la lupa sobre la indemnización millonaria. Fue como consecuencia de un fallo dividido: Dalmiro Garay, José Valerio y Mario Adaro, éste último en disidencia.

A esa hora, Sánchez Rey -ya en el ojo del huracán político, público y mediático- comenzaba a transitar un largo y espinoso camino que terminó recién este noviembre con el sobreseimiento en la investigación por fraude al Estado y la todavía fresca destitución por desorden de conducta a cargo del Jury de Enjuiciamiento.

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Asuntos distintos

Es clave entender que el acuerdo con la ART es un asunto que no debe mezclarse con el juicio político que terminó con su despido del Poder Judicial ni con la pesquisa que determinó que no trató de defraudar al Estado cuando arregló con la ART que cobraría esa suma millonaria. Es decir, que Sánchez Rey está en condiciones de cobrar la indemnización por el accidente laboral aunque lo hayan echado.

Sin embargo, que la Fiscalía penal haya concluido que el acuerdo no encierra delito alguno alivia notablemente el trabajo de los jueces de la Séptima Cámara del Trabajo.

Dos de los tres jueces que integran ese tribunal se hicieron conocidos públicamente en los últimos tiempos: Sergio Simó y Ana María Salas.

Durante el invierno ambos renunciaron a partir del momento en que les dieran la jubilación pero Simó, el número 18 de una larga lista de magistrados que dimitieron en lo que va de la gestión Rodolfo Suarez, se arrepintió y sigue en funciones. Salas también trabaja aunque a la espera de que avancen los trámites previsionales.

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La jueza Ana María Salas, tiempo atrás, durante una exposición académica en materia laboral.

La jueza Ana María Salas, tiempo atrás, durante una exposición académica en materia laboral.

Un largo derrotero

Antes de recaer en ese tribunal por orden de la Sala Segunda de la Corte, el expediente con el acuerdo millonario pasó, fugaz, por la Sexta Cámara del Trabajo.

Rápidamente, los camaristas César Rumbo, Eliana Esteban y Diego Cisilotto se apartaron de la responsabilidad de revisarlo que bajo el argumento, previsto en las causales de excusación, del "impedimento moral por tener trato cotidiano" con Sánchez Rey, colega del mismo fuero que aun tenía su despacho en el piso inmediatamente inferior de sus propios escritorios.

La causa ya provenía del tribunal donde se originó: la Quinta Cámara del Trabajo que el propio Sánchez Rey presidía y que completaban sus colegas Viviana Gil y Rolando Consolini.

Con las firmas de estos dos últimos (la mayoría) el convenio habría alcanzado la validez exigida por ley para hacerse efectivo. Pero esto no sucedió porque Gil y Consolini acusaron a Sánchez Rey de haberlos presionado para favorecerlo legitimando el acuerdo con la ART.

Y esa conducta, según la ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento, podía desembocar en la destitución.

Lo que finalmente ocurrió este jueves, cuando 12 miembros del Jury echaron a Antonio Vicente Sánchez Rey poniendo fin a casi 30 años de trayectoria en la Justicia del Trabajo.