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El juez echado cobraría mucho más que los $4,5 millones que reclamaba

Sigue vigente el pleito laboral por incapacidad física que Sánchez Rey inició tras el accidente de 2017. Lo favorece que haya sido sobreseído de fraude al Estado

Antonio VIcente Sánchez Rey, quien fue destituido este jueves del cargo de juez laboral, quedó en condiciones de cobrar mucho más que los $4,5 millones que acordó recibir de parte de la ART Provincia por la incapacidad física que le causó un accidente laboral.

La suma final, con actualizaciones más el agregado de los intereses por el tiempo transcurrido, superaría largamente los $10 millones. Pero esta cuenta deberá actualizarse más adelante: cuando efectivamente se haga la liquidación.

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Este pleito laboral, que comenzó en 2018 tras el accidente del año anterior, sigue vigente por varios motivos, pero hay uno de gran peso: la Justicia penal determinó que Sánchez Rey no cometió el delito de fraude al Estado de Mendoza cuando firmó el convenio con la ART por esa suma, tras haberse apretado un brazo con un portón del estacionamiento del Poder Judicial.

De hecho, fue sobreseído por la jueza Miriam Nuñez a instancias del fiscal investigador, Hernán Ríos Ruiz, que también pidió desvincular por la inexistencia del delito a tres letrados que estuvieron bajo sospecha.

Al igual que esa causa penal, el pleito por la indemnización por el accidente laboral nada tiene que ver con el juicio político que terminó con el despido de quien fuera juez durante casi 30 años.

Sin embargo, tiene un punto de contacto: el expediente por los $4,5 millones pasó por la Quinta Cámara del Trabajo que presidía Sánchez Rey y cuyos compañeros de tribunal denunciaron presiones suyas.

Al final de cuentas, los testimonios de Viviana Gil y Rolando Consolini fueron decisivos para que el usía fuera echado por el Jury de Enjuiciamiento por desorden de conducta por 12 votos.

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