Empleados públicos, agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), repudiaron este jueves el proyecto de reforma del decreto ley 560/73, que esta semana obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Fue con una protesta en la explanada de Casa de Gobierno.
“Lo que está impulsando Alfredo Cornejo es un cambio de la Constitución. No es solo la reforma laboral del Estatuto del Empleado Público, sino también la eliminación de la estabilidad laboral del trabajador estatal, las indemnizaciones, los grados de carrera alcanzados y la creación de cargos fuera de nivel, entre otros puntos aberrantes”, apuntó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.
“Es ellos o nosotros”, esgrimió Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE. “Es importante que el trabajador, que vota, entienda cuál es el tipo de política que le afecta. Hoy el 73% está por debajo de la línea de la pobreza y no come. Antes comíamos asado y ahora no comemos nada. No podemos pagar la luz, estamos usando la tarjeta para comprar comida. Eso es lo que el gobernador tiene que entender”, agregó.
La protesta de ATE contra los cambios en el empleo público
“Desde el sindicato se observa con gravedad esta reforma, ya que busca justificar el despido de los trabajadores estatales”, señaló Macho.
ATE rechaza la propuesta porque, según analizaron, “afecta condiciones laborales y derechos adquiridos de los trabajadores públicos”; y es por eso que adelantó que presentará un recurso de inconstitucionalidad si es que se sanciona la ley en el Senado.
Iranzo apuntó sus críticas hacia Cornejo: "Los trabajadores tienen que entender que el patrón, el que te violenta y te persigue, es el gobernador”. Y lo trató de "hostigador, monarca y misógeno (sic)”.
La reforma del empleo público propuesta por Cornejo
El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados.
Entre los principales cambios que propone está la incorporación expresa de la figura de personal de planta interino, al que le reconoce una estabilidad impropia.
El proyecto también modifica el cómputo de antigüedad del empleado público y establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.




