Se inició este martes en la Cámara de Diputados el análisis de la propuesta de reforma del Estatuto del Empleado Público propuesta por el gobernador Alfredo Cornejo con un proyecto de ley que envió a la Legislatura hace 10 días.
A viva voz. Roberto Macho, secretario general de ATE, se presentóFoto: ATE
Dos enviados del Gobierno fueron a un plenario de comisiones en la Legislatura para explicar los alcances de esta iniciativa del Ejecutivo que, entre otro aspectos, fija cómo se determina la estabilidad de los empleados, elimina de los cargos hereditarios e incorpora un nuevo sistema para establecer la antigüedad.
En el encuentro en la Casa de las Leyes se presentó el secretario general de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), Roberto Macho, quien calificó al proyecto como una reforma laboral encubierta y anticipó el rechazo de la organización gremial que conduce.
La reforma del Estatuto del Empleado Público propuesta por Cornejo
El plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Hacienda y Presupuesto recibió este martes a los asesores de Gobierno Ricardo Canet y Javier Urrutigoity, con quienes se analizó el proyecto del Ejecutivo que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
"Las restricciones presupuestarias y exigencias de responsabilidad fiscal, así como la sanción de posteriores estatutos o escalafones sectoriales, hacen necesario aclarar o reformar algunas de las previsiones legales de aquellas leyes”, señalaron los funcionarios.
Canet explicó que “básicamente lo que se busca es dilucidar entre lo que llaman comúnmente trabajador interino, temporario, y distinguir quiénes tienen y quiénes no tienen estabilidad. El objetivo es uniformarlo y ponerlo en línea con los fallos de la Corte de la Nación y de nuestra Corte, al menos en los votos mayoritarios debido a que alguna corriente jurisprudencial declaraba inconstitucional la facultad del Estado de no reincorporar a la gente y pagarle indemnización”.
“Este proyecto propone una indemnización, pero es una propuesta que tienen que analizar los legisladores”, aclaró Canet.
Urrutigoity amplió en su explicación que “hay una categoría, de hecho, que no estaba prevista en la ley, que era la de planta interina y esta ley la pasa a reconocer, pero con una estabilidad distinta a la de planta efectiva”.
Puntos principales del proyecto de ley
El Poder Ejecutivo de Mendoza aspira a que el estatuto pueda aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.
Además, incorpora de manera expresa la figura del "personal de planta interino”. La propuesta recoge la jurisprudencia que reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente.
El proyecto también precisa que el estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados con relación de dependencia dentro del sector público. En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que sólo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.
El rechazo de ATE a la propuesta de Alfredo Cornejo
“Acá lo que se está planteando es una reforma laboral, con la pérdida de la estabilidad laboral, para que una persona que no esté en planta y contemplada dentro de los convenios colectivos de trabajo, pueda ser echada. No corresponde, porque el trabajador que es contratado o prestador tiene todo el derecho a pasar a planta permanente, ya que viene cumpliendo funciones laborales habituales, normales y continuas dentro del Estado provincial”, apuntó Roberto Macho, secretario general de ATE , presente en la reunión.
El dirigente contó que "pudimos expresar a los legisladores y representantes del Poder Ejecutivo nuestro rechazo a esta reforma laboral y a la creación de nuevos cargos fuera de nivel que contempla. Es decir, que apunta a los secretarios privados de funcionarios y legisladores, con salarios estrafalarios que tiene que pagar la ciudadanía, ya que quedan enganchados a la clase del gobernador. Una verdadera locura”.
Roberto Macho recordó que “en 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional, nosotros adherimos a los pactos internacionales de Costa Rica y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la legislación preexistente a nivel provincial y nacional. Hablamos de recomendaciones, tratados y normativas que el Gobierno ignora y deja de lado, para plantear una reforma laboral concreta”.
Este miércoles 27 de agosto, a la partir de las 9, en la sede central de ATE Mendoza, se hará una asamblea general de delegados y congresales para decidir nuevas medidas frente a la indefinición de las paritarias del sector salud y para manifestarse contra el proyecto del Gobierno.