“Subestimamos el aumento de las tarifas, que impacta en el índice de inflación”. Con este sincericidio, Mauricio Macri admitía tácitamente hace seis meses que la política de suba de precios de los servicios ha ido por un lado y las metas de inflación por otro.
En otros términos, eso es falta de articulación del Gobierno para avanzar en un plan económico sustentable, porque cada ministerio ha jugado su partida sin encajar armónicamente, como sería deseable, en un equipo con la misión de gobernar a la República Argentina. Nada menos.
Todas esas vías paralelas llevaron, sin embargo, al destino común de minar el poder adquisitivo de la población por la indomable inflación, fogoneada por las subas drásticas de tarifas y los aumentos constantes de los combustibles.
Está claro que la política del gobierno anterior de subsidios indiscriminados era insostenible, al punto de perder la soberanía energética para convertirnos en importadores netos. Pero también es indiscutible que los aumentos siderales no se pueden sostener en el tiempo sin dañar la calidad de vida de amplios sectores de la población y la subsistencia de las pymes que dependen de la energía, por más que el fallido ex ministro Aranguren salga a decir que “los servicios públicos no son un derecho humano”.
El Gobierno ya lo sabe y por eso apurará a concentrar en el primer trimestre los incrementos tarifarios para amortiguar lo que se pueda el impacto en sus chances electorales. “¿Más todavía? ¿Hasta cuándo nos van a seguir metiendo la mano en los bolsillos?”, se preguntan una y otra vez los usuarios, sin conocer fehacientemente los planes que manejan puertas adentro en el Ministerio de Energía. Los números están demasiado dispersos, pero grosso modo, se conoce que todavía habría que quitar no menos del 30 por ciento de los subsidios, lo que implica aumentos en una proporción similar, para equilibrar los costos del sistema energético.
Es real que los porteños antes pagaban nada por la energía, mientras que desde las provincias se afrontaba buena parte de los costos; que el país tenía una sangría de entre 10 mil y 15 millones de dólares para importar gas, electricidad y combustibles durante el último período de Cristina; y que no había un plan de desarrollo basado en la disponibilidad energética. Pero tampoco es menos cierto, que prácticamente volvimos a foja cero en la capacidad de recaudación del sistema con la devaluación y la inflación del año pasado.
Los mendocinos poco a poco vamos teniendo en claro que los servicios cuestan, que no son gratis, y estamos comprendiendo a fuerza de multas y concientización que no se puede andar derrochando el agua potable, que se nos presta a precios muy por debajo de lo que vale producirla. Pero a la par, no son pocos los que expresan su malestar por lo difícil de afrontar las facturas, varios miles de ellos presentes en la “Marcha de las Antorchas” convocada por organizaciones y un amplio abanico de la oposición.
El presidente Macri apela a Vaca Muerta para explicar que el país será exportador en el corto plazo durante todo el año de gas y petróleo no convencional y promete que Neuquén, Río Negro y Mendoza generarán en conjunto medio millón de puestos de trabajo en los próximos cuatro años.
La demanda domiciliaria, la actividad económica y el desarrollo de la infraestructura del país necesitan un sistema estable y suficiente que contemple, además, acentuar una matriz energética renovable. Eso está fuera de discusión. Lo que falta es poner a disposición los datos, los balances y proyecciones del sector energético de manera más transparente para comprender mejor cuál es el sentido de semejante esfuerzo.
Junto a esa acción hay que sumar al debate, que resulta insuficiente en la instancia de las audiencias públicas, la consideración de mecanismos alternativos de financiamiento de la generación de energía, sin caer en la demagogia de que todo se logra sin costos y entendiendo la situación acuciante de la población.