En sesión el Senado aprobó una iniciativa, presentada por el legislador Pablo Priore, que fija sanciones y multas para los titulares registrales de vehículos cuando no sea identificado al infractor.
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Modifica el Artículo 91 de la ley provincial 9024 y propone que cuando no se identifique al infractor, la presunción en la comisión de la falta recaerá en el titular registral del vehículo automotor, salvo que a que cuando se acredite su enajenación, o que no estaba bajo su tenencia o custodia, o bien denuncie al responsable de la infracción, en los casos que corresponda deberá procederse conforme al artículo 117 de la ley 9024.
El pedido lo realizó el mismo autor de la propuesta quien explicó los alcances de la misma. Fue aprobada por 35 votos a favor y pasó a Diputados en revisión.
La propuesta versa sobre la determinación del infractor responsable de faltas viales, es por ello que advierten que para mantener la coherencia del texto de la ley de tránsito, es necesario modificar el Artículo 91, para que junto con el artículo 117 de la ley 9024, no arrojen soluciones diferentes, en cuanto la aplicación de multas y demás sanciones.
La Ley Provincial de Tránsito establece en su artículo 91º que en caso de infracción de tránsito la falta recaerá sobre el titular registral del vehículo automotor, salvo acreditada su enajenación o que no se encontrare bajo su tenencia o custodia o bien se denuncie al responsable de la infracción.
En el caso del artículo 117 de la misma ley establece que en los casos que no se haya determinado al infractor al momento de labrarse el acta y éste no hubiere presentado descargo u opción de pago voluntario en los plazos previstos en el presente Título, el Juez Administrativo deberá proceder a su individualización citando a ejercer su derecho de defensa al titular registral de dominio del vehículo, en el domicilio denunciado ante el Registro Nacional de Automotor o al domicilio denunciado cuando gestionó la Licencia de Conducir.
Ambos artículos no son aplicados en forma conjunta en las situaciones que legalmente los jueces deben aplicar la ley, trayendo principalmente complicaciones a los propietarios de los vehículos automotores quienes deben afrontar los gastos frente a un accidente vial donde el conductor de su vehículo es el responsable del siniestro vial.