El Senado de Mendoza dio media sanción a una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que busca que se modifique la Ley de Remuneraciones que establece que ningún funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, podrá percibir una remuneración y/o contraprestación bruta total, superior a la remuneración que perciba al cargo de gobernador.
Esto ocurrió luego de que se desatara una polémica por los altos sueldos de funcionarios de Departamento General de Irrigación.
La propuesta fue aprobada por 32 votos afirmativos mientras que el senador Lautaro Jiménez del FIT se abstuvo de votar y su par de Protectora, Marcelo Romano votó en contra.
Fue el senador radical Juan Carlos Jaliff quien explicó el tratamiento que se le dio a la propuesta enviada por el Ejecutivo y elaborada por el propio superintendente general de Irrigación.
Durante el debate Lautaro Jiménez explicó que se abstendría de votar la iniciativa y Marcelo Romano votó en contra de la propuesta tras realizar a extensa crítica.
Alejandro Abraham, del justicialismo señaló que es necesario hablar en algún momento sobre el salario de otros funcionarios como el caso de miembros del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas.
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El eje de la discusión
El proyecto tiene como base una petición formal del titular de Irrigación, Sergio Marinelli -realizada el 1 de julio de 2019- en razón de haber evaluado el impacto que generan los incrementos de la masa salarial comprometida en paritarias y la cláusula gatillo, como también el porcentaje del gasto que significa los sueldos de los funcionarios del DGI.
La semana pasada integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) comenzaron a evaluar el proyecto y por ello fue que recibieron a Marinelli.
El funcionario explicó: “Si bien es cierto que, acompañando las políticas de gestión impuestas desde mi gestión, el Departamento General de Irrigación viene tomando medidas tendientes a disminuir las contrataciones innecesarias de personal, el gasto improductivo y aumentando las inversiones en obras, como también la adquisición de máquinas y equipos, no es menos cierto que los porcentajes de aumentos del canon de riego a los usuarios han sido inferiores a la inflación”.
La propuesta contempla que el Tribunal Administrativo de Irrigación establecerá la remuneración mensual que corresponda a los consejeros y demás funcionarios del organismo, la que deberá ser inferior al porcentaje establecido por ley para el superintendente general.
El propio Marinelli solicitó que se presentara un proyecto de ley mediante el cual se excluya al superintendente y consejeros del DGI de la excepción prevista y su modificatoria. Ello, sin perjuicio de la autonomía de Departamento General de Irrigación consagrada por la Constitución de Mendoza.
La petición obedece a que si bien están exceptuados de la actual Ley de Sueldos, el superintendente considera que es necesario darle transparencia a la determinación de la remuneración de los funcionarios de Irrigación a través de una ley.
Esto, en el entendimiento que nadie tiene en la provincia mayor responsabilidad que el gobernador, y por entender que es justo que el resto de los funcionarios políticos, independientemente de las funciones que ejerzan tengan una remuneración inferior, medida que se sumaría a otras acciones de achique del gasto que se han tomado, y que incluso también han tenido que ver con los funcionarios del organismo del agua.
Como corolario de lo expuesto, Marinelli y los Consejeros no están obligados legalmente a cobrar menos que el gobernador pero el superintendente ha entendido que su salario y el de los funcionarios que lo acompañan deben estar por debajo del sueldo del mandatario,l según plasmó en su misiva.