Debate caliente

Se retoma la sesión por la Ley Ómnibus: diputados mendocinos divididos por las facultades extraordinarias

Mientras los tres diputados peronistas están en contra de darle al Presidente herramientas que le pertenecen al Poder Legislativo, los radicales las aceptan pero con limitaciones

Las facultades extraordinarias que la Ley Ómnibus propone para Javier Milei, y que apuntan a delegar en el Poder Ejecutivo atribuciones que deberían pasar por el Congreso, es uno de los puntos más polémicos y la nueva grieta entre 6 de los 10 diputados mendocinos, puntualmente entre los 3 que pertenecen a Unión por la Patria -Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet- y los tres radicales de Juntos por el Cambio -Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay. Es uno de los temas centrales que estará en el eje del debate con el reinicio de la sesión durante la jornada de este jueves.

La postura de los peronistas es votar en contra de darle a Milei todas y cada una de las facultades delegadas. Mientras, los radicales aceptan otorgarle algunas y solo por un año.

Hasta el momento, el nuevo dictamen con los cambios que aceptó el Ejecutivo, incluye el recorte de las facultades delegadas, pero todavía no se sabe si el oficialismo tiene o no los votos para aprobarlas.

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En el Congreso se debate la Ley Ómnibus de Milei, y los diputados peronistas y radicales mendocinos muestran posturas muy diferentes frente a la posiblidad de otorgarle al presidente facultades extraordinarias.

En el Congreso se debate la Ley Ómnibus de Milei, y los diputados peronistas y radicales mendocinos muestran posturas muy diferentes frente a la posiblidad de otorgarle al presidente facultades extraordinarias.

Posturas antagónicas de peronistas y radicales

Martín Aveiro adelató a Diario UNO que votará en contra de la ley en general y en particular, pero fue específico sobre las facultades delegadas. "Es casi darle al Ejecutivo la posibilidad de ejercer también el Poder Legislativo, es como una nueva Constitución", manifestó el diputado peronista.

Además, agregó que no está nada claro cuáles son las facultades que el Ejecutivo decidió rescindir para lograr los votos de los radicales.

"Por ejemplo, piden emergencia para todo, menos para temas sociales", explicó Aveiro.

Según el diputado justicialista, otro punto que se quitó de los artículos de las facultades extraordinarias es el que solicitaba al Ejecutivo que enviara al Congreso cada tres meses un informe acerca del uso que se hacía de ellas.

En cuanto a los radicales, aceptaron darle las facultades extraordinarias con algunos requisitos. Uno es quitar de las emergencias que puede decretar el presidente la previsional -entre otras, pero esta es la que se negoció como prioritaria- y otra es reducir el tiempo de que esas facultades estén vigentes: por el momento, se las otorgarían por un año, y la renovación es decisión del Congreso.

El texto original y el nuevo texto de las facultades extraordinarias

El texto original que planteaba estas facultades, planteaba que "La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto".

Ese plazo era de cuatro años, es decir, hasta el fin de la gestión de Milei.

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En cambio, el nuevo texto que se acordó con los radicales, quedó redactado de la siguiente manera: "La presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales".

En est caso, lo que se otorga es una herramienta acotada en el tiempo, por el lapso de un año, y su renovación debe solicitarse al Congreso.