La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este jueves en la Legislatura el proyecto de Ley de Ciberseguridad, una iniciativa que busca convertir en política de Estado la protección de las infraestructuras digitales y los servicios esenciales de Mendoza. Pero el anuncio fue más amplio: confirmó que antes de fin de año el Gobierno enviará un paquete de proyectos para reformar distintas áreas vinculadas con la seguridad pública.
Rus anunció una batería de leyes para reforzar la seguridad y frenar los ciberataques
La ministra presentó la Ley de Ciberseguridad y anticipó reformas sobre reincidencia, menores, tránsito, cárceles, barras e inmuebles ligados al delito
El Ministerio de Seguridad presentó un proyecto de ley y prepara un paquete de reformas. Foto: Ministerio de Seguridad
La exposición se realizó junto a la vicegobernadora Hebe Casado, quien confirmó que el proyecto ingresará por el Senado provincial.
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"La provincia fija con esta ley los lineamientos en materia de ciberseguridad, un tema que hoy resulta fundamental para cada ciudadano y sobre el que el Estado tiene que estar presente y legislar", sostuvo Casado.
Una ley para proteger el "ciberespacio"
Rus explicó que la iniciativa responde a una realidad en la que gran parte de la vida cotidiana depende de sistemas digitales y, por lo tanto, requiere nuevas herramientas de protección.
"Hoy el ciudadano habita el mundo físico, pero también, cada vez más, el ciberespacio. Nosotros tenemos que brindar seguridad en los dos aspectos", afirmó.
La ministra remarcó que servicios como salud, educación, transporte, energía, justicia y seguridad funcionan cada vez más sobre plataformas digitales, por lo que un ataque informático podría afectar prestaciones esenciales.
"Necesitamos una política clara, con reglas únicas, uniformes y con orden", sostuvo.
El proyecto prevé la creación de un Comité Ejecutivo de Ciberseguridad que coordinará las acciones de prevención, respuesta y protección frente a incidentes informáticos. Además, alcanzará a los tres poderes del Estado y permitirá la adhesión de los municipios.
Tecnología para investigar delitos
Durante la presentación, Rus destacó que Mendoza viene fortaleciendo la investigación criminal mediante la incorporación de tecnología y la capacitación de personal especializado.
Recordó el Bootcamp de ciberdelito realizado el año pasado y el funcionamiento del Laboratorio Forense Digital, inaugurado en septiembre de 2024.
"Hoy Mendoza tiene 4 laboratorios especializados en ciencia y tecnología aplicada a la seguridad. Eso es inédito en la Argentina", aseguró.
Las reformas en seguridad que prepara el Gobierno
Además de la Ley de Ciberseguridad, la ministra confirmó que el Ejecutivo enviará antes de fin de año una serie de proyectos para reforzar el marco legal de distintas políticas de seguridad.
Entre ellos figura una ley para darle respaldo jurídico al Laboratorio de Identificación Balística, una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y modificaciones a la Ley de Tránsito para ampliar el uso de tecnología en los controles viales.
"Venimos incorporando tecnología, profesionalizando nuestros recursos humanos y generando nuevas capacidades para investigar y prevenir el delito. Ahora necesitamos darle sostenibilidad a todo ese trabajo mediante un marco normativo", afirmó.
Barras, cárceles y reincidencia
Rus también anticipó una reforma del Código Contravencional para incorporar nuevas figuras que permitan sancionar conductas que hoy no constituyen delitos, como la toma de colectivos por parte de barras.
"Hoy Mendoza lleva meses sin que tengamos un solo colectivo tomado por barras. Queremos que, cuando esas conductas no constituyan un delito, tampoco queden sin ninguna sanción", señaló.
La agenda legislativa incluye además cambios en la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario para consolidar el modelo de trabajo en las cárceles, un proyecto para otorgar respaldo legal a la intervención preventiva de inmuebles vinculados al delito y una reforma del Código Procesal Penal destinada a limitar la reiteración de beneficios procesales para personas reincidentes.
"Estamos estudiando una reforma para cortar la cadena de beneficios procesales de algunos sujetos que pasan de una suspensión del juicio a prueba a una condena condicional y luego vuelven a obtener nuevos beneficios", explicó.
Y concluyó: "Entendemos que, cuando una persona ya recibió un beneficio, no debe volver a obtener otro por un nuevo hecho. También tiene que funcionar el efecto preventivo de la condena".
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