Desde principios de agosto, un enmarañado conflicto a raíz del cierre de un hogar de niños y adolescentes en San Rafael generó acusaciones cruzadas entre distintos sectores de la política mendocina. Este jueves, el gobernador Rodolfo Suarez se hizo eco de la polémica -vinculada con la ex Dinaf- y aseguró que el Estado provincial ya ha tomado cartas en el asunto.
Rodolfo Suarez habló del conflicto en la ex Dinaf de San Rafael: "13 chicos ya fueron reubicados"
"Apenas tuvimos conocimiento de las acusaciones que trascendieron en las redes sociales, se hicieron las denuncias pertinentes ante la Justicia e intervenimos en los casos de todos los chicos", dijo el mandatario en diálogo con colegas del sur provincial, al consultársele sobre los 13 menores que vivían en el hogar Puentes de Amor.
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La chispa inicial
El 1 de agosto, hubo revuelo en las redes sociales luego de que emergieran acusaciones acerca de presuntos maltratos hacia algunos niños que están bajo la tutela de la Dirección General de Protección de Derechos de la provincia (DGP, ex Dinaf).
Se dijo que, cuando los nenes llegaron a Puentes de Amor, sus gestores descubrieron que los chicos habían sufrido maltratos, que se los medicaba para que "no hicieran lío" y hasta que algunos habrían padecido abusos sexuales a lo largo de su periplo por diversas instituciones.
Sobre estos señalamientos, Suarez repitió que las autoridades han tomado cartas en el asunto. "Hoy esos niños están todos reubicados, se les hicieron las cámaras Gesell pertinentes y estamos dejando que actúe la Justicia", indicó.
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Acusaciones, fondos públicos y más acusaciones
A principios de agosto, Kurt Ottosen -un joven referente del PRO- grabó un video en el que hacía fuertes declaraciones sobre el estado de los niños institucionalizados en la ex Dinaf. Cargó contra la directora provincial de la DGP, Vanina Barone, y contra la titular del organismo en el sur de Mendoza y candidata a diputada provincial de Cambia Mendoza, Silvina Gómez.
Ottosen sostuvo que en 2022, a causa de "la sobrepoblación que existe en los hogares de la ex Dinaf", le habían propuesto que la ONG a la que pertenece, Fuerza Activa, gestionara Puentes de Amor, una residencia para chicos que empezó a funcionar en la calle Avellaneda 360 de San Rafael. En efecto, el 19 de diciembre de aquel año se formalizó un convenio entre la organización y la provincia.
Según la versión del militante -que actualmente reside en Buenos Aires- la crisis económica y la falta de fondos hicieron que se volviera imposible mantener el proyecto. Ottosen recalcó que, a pesar de que se hicieron reclamos al Estado, los pedidos de aumentar el dinero que se enviaba no fueron escuchados. En consecuencia -aseguró- el convenio se dio de baja el 26 de junio de 2023.
En su video de Instagram, el joven recalcó que los menores, al llegar a Puentes de Amor, venían con signos de maltratos previos, que relataban haber sido bañados con mangueras e incluso mencionó que existían casos de "abusos sexuales sin penetración" y que los nenes estaban tan medicados que "quedaban como una planta".
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Reclamos en días de campaña
Por entonces, fuentes judiciales aseguraron que Ottosen no había ratificado estos dichos ante la Justicia. Sin embargo el tema llegó a la Legislatura, de donde salieron pedidos de informes y una conferencia de prensa en la que se llegó a decir que los 13 chicos de Puentes de Amor estaban "desaparecidos".
La campaña política previa a las PASO nacionales se encontraba en velocidad crucero y cualquier acusación quedaba inevitablemente escorada por las retóricas electorales.
El 10 de agosto, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados provincial emitió un dictamen en el que pedía a la Fiscalía de Instrucción 1 que informara sobre el estado del expediente y detallara quién era el fiscal a cargo -otro capítulo espinoso del caso-.
El dictamen -que llevó las firmas de José Luis Ramón (Protectora), Evelin Pérez (UCR), Josefina Canale (PRO), Laura Chazarreta (PJ), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Cecilia Rodríguez (UCR) y Julio Villafañe (PJ)- también pidió datos a la Dirección General de Protección de Derechos en lo relativo a la rescisión del convenio con la Fundación Fuerza Activa y el cierre del Hogar Puentes de amor; amén de solicitar precisiones acerca del paradero de los niños y niñas que allí se encontraban.
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No obstante, varios días antes, el 4 de agosto, la propia Viviana Gómez -titular de la DGP en Zona Sur-, junto a Verónica Vizcaya -coordinadora de la Dirección de Cuidados Alternativos- se habían puesto a disposición de la fiscalía e incluso habían formulado una denuncia penal para que se investigaran las acusaciones de Ottosen; irregularidades de las que ellas aseguraron no haber tenido noticia.
"Ante esta situación -se lee en el escrito- como funcionarias públicas nos vemos en la obligación de denunciar para que se investiguen estos hechos y despejar cualquier duda sobre nuestro personal, que trabaja incansablemente".
El miércoles pasado, por otra parte, se supo que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos había ingresado una nota en la Legislatura para que se den precisiones sobre el tema y se intervenga ante "la presunta violación de los derechos de niños y niñas residentes en el hogar infantil Puentes de amor”.
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