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Renunció al Poder Judicial y denuncia "bipolaridad legislativa"

La ex Administradora del Poder Judicial, Mónica González, desistió del pleito contra la ley 9.230 y expuso ante la Corte las razones de su abrupta dimisión

La contadora pública nacional Mónica González, quien durante casi 8 años se desempeñó como Administradora General del Poder Judicial de Mendoza, desistió de continuar con el pleito judicial que inició en la Suprema Corte de Justicia contra la ley provincial que puso freno a los cargos equiparados en el Estado a partir del invierno de 2020.

A través de sus abogados, Ernesto Bustelo y Guadalupe Simone, también pidió el archivo de las actuaciones judiciales a su nombre que hayan sido tramitadas en la Sala Segunda de la Corte. Todo esto porque se jubiló al priorizar sus condiciones de salud en medio de un escenario jurídico y político de alta tensión por los cargos de los equiparados a magistrados.

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"Su salud se vio gravemente afectada por el dictado de la Ley 9.230, así como también su intachable trayectoria profesional y docente de más de casi 40 años. La contadora González se ha visto obligada a renunciar a su cargo de Administradora General del Poder Judicial", señala el escrito presentado en la Corte por los letrados.

Luego toma la palabra la contadora González, que lo hace a través de un escrito titulado ¿Por qué optar por jubilarme? y que sirve de explicación para que los supremos comprendan porqué eligió irse de la Justicia, a la que había llegado hace casi una década.

También repasa su historial en el Estado y cómo accedió al cargo, a través de un concurso público.

Deja en claro que ese puesto ya estaba escalafonado como equiparado, algo que fue modificado por la ley 9.230 que impulsó Rodolfo Suarez cuando se ventiló públicamente que muchos funcionarios judiciales cobran sueldos tanto o más altos que los jueces de la Corte.

Dijo González: "La equiparación del cargo, cabe también destacarlo, se limitaba sólo al aspecto salarial, de manera impersonal, es decir, independientemente de quien lo desempeñara, y, no puedo dejar de hacerlo notar, sin equipar el régimen a otras reglamentaciones que sólo le eran aplicables a los magistrados (Ministros de la Corte, Procurador, Defensora, Jueces, Fiscales, Defensores públicos y Relatores), como por ejemplo, las disposiciones de Ley 7.770".

La Justicia no fue lo único (ni lo primero)

Así lo explicó González a la Sala Segunda de la Corte.

"Quisiera destacar que mi ingreso al Poder Judicial fue precedido de una extensa carrera en la administración pública provincial, en la cual desempeñé distintos cargos, prestando servicios también en el ámbito nacional con mi cargo docente, ingresando en todos los casos por concurso público". "Quisiera destacar que mi ingreso al Poder Judicial fue precedido de una extensa carrera en la administración pública provincial, en la cual desempeñé distintos cargos, prestando servicios también en el ámbito nacional con mi cargo docente, ingresando en todos los casos por concurso público".

"En agosto de 2013 la Suprema Corte en pleno decide nombrarme en el cargo de Administradora General. Ese cargo equiparado, existía desde el año 2000 y fue ocupado hasta mi designación por el Lic. Alfredo Segura, sin que se haya realizado observación alguna, ni por los órganos de control interno y externo, ni por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es difícil comprender el trato que he recibido". "En agosto de 2013 la Suprema Corte en pleno decide nombrarme en el cargo de Administradora General. Ese cargo equiparado, existía desde el año 2000 y fue ocupado hasta mi designación por el Lic. Alfredo Segura, sin que se haya realizado observación alguna, ni por los órganos de control interno y externo, ni por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es difícil comprender el trato que he recibido".

"Bipolaridad legislativa"

En uno de los tramos más enfáticos de su presentación escrita, la contadora González habló de "bipolaridad legislativa, que dejan al descubierto y es evidente".

Y lo explicó diciendo que la ley contra los cargos equiparados fue sancionada por la misma Legislatura que otorgó al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa (los otros ejes de funcionamiento del Poder Judicial) "una estructura administrativa también con cargos equiparados".

Y detalló, entre otros: "El titular del servicio administrativo financiero, equivalente al Director de Contabilidad y Finanzas-, y el cargo de Coordinadora del Ministerio Publico Fiscal –desempeñado oportunamente por una Ministra de la Suprema Corte-, y lo mismo se repitió luego, al dictarse una ley de presupuesto por la que se reforma esta estructura en el Ministerio Publico de la Defensa".

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