La Fiscalía de Estado rechazó argumentos de los 21 funcionarios del Poder Judicial de Mendoza que acudieron a la Corte contra la ley provincial que impide cobrar sueldos equiparados en el Estado.

Tras este pronunciamiento en el expediente de declaración de certeza, uno de los dos que se tratan en el máximo tribunal de justicia de la provincia por el caso de los equiparados a magistrados, las partes en pugna -Gobierno y funcionarios judiciales- deberán presentar pruebas para que la causa se encamine a una sentencia en la Sala Segunda en un futuro no muy cercano.

Fiscalía de Estado se pronunció a través de Alicia López, subdirectora de Asuntos Jurídicos, quien intervino porque el fiscal, Fernando Simón, se apartó por ser amigo de alguno de los demandantes.

Consideró que "no es procedente" el planteo de los denominados equiparados a magistrados que de que en el Estado de Mendoza existen muchos otros casos de equiparación salarial en cargos sin acuerdo del Senado. Y dijo que "son de origen constitucional los cargos de Fiscal de Estado, Asesor de Gobierno e integrantes del Tribunal de Cuentas".

Sin embargo, para Ernesto Bustelo, uno de los abogados de los demandantes consultado por Diario UNO, con este pronunciamiento, la Fiscalía de Estado "no se hace cargo de numerosísimos cargos sin acuerdo del Senado, que es la raigambre constitucional".

Y mencionó: los cargos de Secretario de la Junta Electoral de Mendoza, de Prosecretario de la Junta Electoral de Mendoza y de Directora del Registro Público y Archivo Judicial. "Ninguno de esos cargos tiene asignación constitucional pero la Fiscalía de Estado lo desconoce".

Sostuvo López en su escrito que la cuestionada ley provincial aprobada en 2020 contra la equiparación de cargos públicos no afecta derechos adquiridos ni suprime cargos.

Desde la vereda de enfrente sostienen lo contrario. "La afectación de derechos adquiridos es clara", dice Bustelo y lo explica así: "La aplicación de la norma implicaría que muchas personas queden fuera del Poder Judicial. Lo mismo hubiera pasado con la administradora del Poder Judicial, contadora Mónica González, que renunció hace varios meses, a raíz de esta situación, al cargo al que había accedido por concurso".

Reconocen los equiparados que acudieron a la Corte que los legisladores pueden tomar medidas "pero ajustándose a los límites de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos". Estos, aseguran, "impiden la afectación de derechos de los agentes estatales incluso en este caso, cuando las personas afectadas han sido señaladas con el dedo".

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado que no es facultad del legislador disponer de los sueldos ni de los cargos públicos".

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