Mendoza está a un paso de ser la primera provincia del país en sancionar la ley de Ficha limpia que prohíbe que cualquier los condenados por delitos de corrupción, entre otros tantos, puedan ser candidatos en las próximas elecciones ni ocupar cargos en el Gobierno. Ese proyecto que ya tiene media sanción dejará fuera de competencia para los comicios del 2021 a un puñado de políticos locales, aunque la cifra podría crecer si se aplica sentencia a otros más que serán juzgados en breve.
Qué políticos no podrían ser candidatos por tener condenas
Mendoza está por sancionar la ley de Ficha Limpia que impide ser candidatos o funcionarios con condena por corrupción u otros delitos. Hay varios casos
En Mendoza no podrán ser candidatos o funcionarios quienes tengan una condena en primera instancia.
El abanico de delitos de los que se los acusó es por demás amplio: va desde malversación de fondos y administraciones fraudulentas, hasta delitos contra la integridad sexual y estafas.
La iniciativa que va camino a votarse en Senadores, establece que no podrán competir por cargos electivos, ser precandidatos, ni ocupar cargos en el Ejecutivo o entes descentralizados aquellas personas que hayan sido condenadas en un juicio oral y público, aunque la sentencia no esté firme.
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Contempla las condenas por delitos contra la administración pública, es decir, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. A ellos se sumaron también delitos económicos y contra la integridad sexual, la libertad y el estado civil de las personas.
Si esto prospera -el oficialismo que impulsa el proyecto de la diputada radical María José Sanz, con aportes de José Orts y Gustavo Cairo, tiene los números para convertirla en ley- ya quedarían sin chances de presentarse los ex intendentes de Guaymallén y Santa Rosa, Luis Lobos y Sergio Salgado, respectivamente.
La causa de Lobos, hace que tampoco pudiese volver a la política su esposa, Claudia Sgró, quien fuera su Secretaria de Gobierno. El Tribunal Colegiado Nª2 condenó a Lobos como autor de fraude a la Administración Pública en la modalidad de administración infiel y a su esposa como partícipe necesario. Fue por contrataciones irregulares en la comuna de Guaymallén. Si bien el defensor apeló esa condena y la causa está en la Corte, esa primera condena bastaría para dejarlo fuera de competencia.
Salgado en cambio fue condenado a 5 años de prisión por desobediencia, malversación de fondos públicos y fraude a la administración pública, por emitir cheques de la comuna sin fondos. El ex intendente, que pasó 6 meses tras las rejas, apeló pero en junio de este año la Suprema Corte de la provincia ratificó su sentencia.
También tiene una causa en la Justicia Federal por defraudación contra la administración pública por un subsidio de $ 581.600 que recibió del Ministerio de Trabajo de la Nación y nunca rindió.
En la cuerda floja
Entre los radicales, hay dos referentes que de recibir una condena antes de las próximas elecciones también quedarían fuera de las listas y sin chances de ocupar algún nuevo cargo. Se trata del ex subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré y el ex titular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes.
Jofré está acusado de abuso sexual contra tres empleadas de la subsecretaría mientras él estaba a cargo de esa oficina. Las denuncias ingresaron en diciembre del 2017 y él renunció a su cargo 6 meses más tarde. El 29 de julio pasado su causa fue elevada a juicio por el Tribunal Penal Colegiado, aunque aún no tiene fecha el debate.
Como el proyecto mendocino incluyó los delitos de violencia de género entre los que no pueden cometer los candidatos o funcionarios, de ser condenado, Jofré también quedaría excluído.
En tanto, el ex titular de Vialidad Provincial renunció en julio, luego de que el Tribunal de Cuentas iniciara una causa por fraude en la administración de fondos de esa dependencia, entre 2018 y 2019. Según el ente de contralor, el desfalco sería de unos $3 millones.
En esta investigación también está implicada Corina Gallardo, quien fuera gerenta de Recursos Humanos de esa dependencia, y a quien Sandes le pidió la renuncia. Ella habría adulterado facturas, falsificado la firma de Sandes e incluso usado dinero de la dependencia en sus vacaciones. Actualmente se desempeña en la comuna de Godoy Cruz, en donde tiene un cargo de planta.
Este viernes se conocieron nuevas multas millonarias que impuso el Tribunal de Cuentas contra ambos.
En una situación similar está el ex funcionario del área de Cultura de la gestión de Francisco Pérez, Flavio Riquelme. Él está en acusado de "falsificación ideológica" por contratos irregulares de 15 personas que trabajaban en esa área y en junio pasado se definió la elevación a juicio de su causa. Podría recibir condena por los delitos enmarcados en el Título 11 del Código Penal.
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