El Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, dictó en las últimas horas el procesamiento de 15 ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura, de la que está cerca de cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado que la instauró.
Terrorismo de Estado
Procesaron a 15 ex militares y policías por delitos de lesa humanidad contra niños y adolescentes
Son 56 las víctimas que eran niños o adolescentes cuando sufrieron delitos -desde apremios hasta encierros- durante la dictadura que se instaló en 1976
Por los calabozos del D-2 (hoy Espacio de la Memoria) también pasaron niños.
Foto: Lesa Humanidad MendozaLos hechos investigados -de acuerdo con el Código Penal vigente al momento en que ocurrieron durante el terrorismo de Estado- comprenden los delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.
En el caso interviene el titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, el fiscal Dante Vega, junto con él y la auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar.
Dos de los investigados fueron apartados
A pedido del Ministerio Público Fiscal, 17 de los acusados comenzaron a ser indagados en diciembre pasado.
Entre los procesados se encuentran los ex miembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) Omar Pedro Venturino Amaker, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Pablo José Gutiérrez Araya, Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban Roccato Villegas, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri.
También fueron procesados Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Alberto Raganato Leo y Néstor Nivaldo Carmona Barroso, quienes pertenecían a la IV Brigada Aérea.
En cambio, otros dos ex agentes del Destacamento de Inteligencia N° 144 indagados en diciembre pasado -Hugo Zalazar Campos y Vicente Navarro Moyano- fueron apartados del proceso por incapacidad sobreviniente, mientras que Carlos Plácido Escobar Zurita fue desvinculado por falta de mérito.
El juzgado dispuso además prisión preventiva para cuatro de los imputados -Fernández Miranda, Venturino Amaker, Santamaría Blasón y Raganato Leo-, lo que será recurrido por el Ministerio Público Fiscal, ya que había pedido esa medida de coerción para la totalidad de los acusados. También ordenó embargos de entre 10 millones y 15 millones de pesos.
El origen de la investigación
La causa se inició en mayo de 2025 y casi todos los acusados ya han sido juzgados o condenados en otros procesos por delitos de lesa humanidad vinculados con secuestros, asesinatos o desapariciones de los padres y madres de las actuales víctimas.
En ese requerimiento, la fiscalía identificó al menos cinco patrones de criminalidad dirigidos contra niños, niñas y adolescentes. El documento describe situaciones de menores que fueron afectados directamente por los operativos represivos contra sus familiares o que quedaron expuestos a episodios de violencia extrema durante secuestros y detenciones ilegales.
Las distintas formas de violencia contra las infancias
- Niños, niñas y adolescentes retenidos por el aparato represivo: incluye casos en los que quedaron bajo control de las fuerzas represivas tras el secuestro de sus padres, hasta ser entregados a familiares o institucionalizados. También se registraron situaciones en las que fueron llevados junto a sus madres a centros clandestinos de detención como el D-2. Entre los casos se menciona el de un bebé de siete meses abandonado en la puerta de la casa de sus abuelos con signos de maltrato, y el de otro niño de diez meses que permaneció durante un mes en poder de un comisario para ser utilizado como “cebo” para capturar a su padre, hasta ser rescatado por sus abuelos en un estado de abandono.
- Delitos cometidos durante los operativos: se trata de hechos sufridos por menores presentes en procedimientos contra sus padres, quienes padecieron privaciones de la libertad, aislamiento o violencia directa. Entre los casos relevados se encuentran dos hermanos de 4 y 6 años que fueron encerrados con la boca tapada con cinta mientras secuestraban a sus padres, hasta ser encontrados por una vecina; otros dos hermanos que permanecieron llorando durante horas en la vereda de la casa donde se realizaba un operativo, impidiéndose que sus vecinos pudieran auxiliarles; o el de una niña que fue arrancada de los brazos de su madre y arrojada a un pasillo.
- Niños y niñas abandonados a su suerte: durante los secuestros de sus padres o madres, algunos bebés o niños y niñas de corta edad fueron dejados en situaciones de desamparo, sin cuidado o protección, que configuraron el delito de abandono de persona.
- Violencia dirigida diferenciadamente: en algunos casos, fueron objeto de violencia directa, como agresiones físicas, amenazas con armas o interrogatorios, a menudo para presionar a sus padres. Entre estos casos, se encuentra el de un niño de 3 años al que le pusieron un arma en la cabeza frente a su padre o una niña de 5 años apuntada y obligada a entregar la llave de su casa que su madre le había encomendado; o un adolescente al que se le introdujo incluso un arma en la boca. En esta categoría, el escrito releva otros casos que fueron parte de procesos previos, tales como el de una bebé de quince días que fue privada de alimento junto a su madre en el D-2, quien no podía amamantarla adecuadamente, o el de una niña de 5 años que no sólo fue mantenida en un centro clandestino de detención, sino además obligada a presenciar las torturas infligidas a su padre.
- Delitos contra la identidad: incluyen la apropiación, sustracción, retención u ocultamiento de menores de 10 años y la alteración de su estado civil, a menudo mediante falsedad ideológica (documentos truchos, etc.). Se incluye el caso de una niña que, pese a conocerse fehacientemente su identidad, fue remitida por el D-2 como “N/N” a la Casa Cuna, situación en la que permaneció hasta que su familia pudo recuperarla.
Fuentes: Fiscales.gob.ar