Desde el invierno del 2021 los mendocinos pagamos entre el 30% y el 50% menos de la factura de gas gracias al beneficio de la ley de Zona Fría. Pero ahora ese descuento tambalea. Si bien el presidente Javier Milei no la arrancó de cuajo con la motosierra, ya la puso en la mira.
Está claro que cuestiona que el descuento le llegue hoy a 4,3 millones de argentinos, varios de los cuales no viven en zonas precisamente frías.
En Mendoza la Zona Fría beneficia a 430.000 usuarios del gas natural, que en la zona Norte de la provincia pagan 30% menos, y desde Luján hacia el Sur pagan sólo la mitad de la factura.
Los planes de Javier Milei
De enero a esta parte Milei ya dio tres muestras de que planea recortarla. Primero nombró al ministro de Economía, Luis Caputo, como administrador de los fondos de Zona Fría -que el año pasado terminó con un superávit de $58.000 millones- y que hasta ese momento controlaba el área de Energía.
Después, pretendió eliminarla a través de la Ley Bases, en donde marcó que los subsidios energéticos deberían dejar de otorgarse por la zona en que residen los beneficiarios y tendrían que ir sólo a los más vulnerables que no pudieran pagar el servicio de gas. Sin embargo, ese recorte no pasó el cedazo de la Cámara de Diputados y por ende no quedó en el texto original que consiguió la media sanción. Tampoco los senadores quisieron incluir ese recorte en las reformas que le hicieron al paquete que recibieron de Diputados.
Tal vez eso explique porqué políticamente el Presidente volvió a insistir con ponerla en jaque en el decreto 465 que publicó esta semana. Allí no sólo marca que este beneficio no tiene límite de consumo, sino que hasta cuestiona que por ejemplo esté incluida Rosario, una zona que califica de cálida.
Milei remarca que al no tener topes de consumo establecidos, la Zona Fría provocó un desmadre. Asegura que desde el 2016 -cuando se comenzó a implementar- hasta enero del 2024 generó un "exceso de consumo valuado en 479,6 millones de dólares".
Entre los argumentos para meterle mano apunta: que estos "regímenes de subsidios generalizados no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, y benefician a quienes no necesitan tal apoyo en perjuicio de los más vulnerables, además de fomentar un consumo ineficiente, y dilapidar los recursos naturales y económicos del Estado nacional".
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Si bien con el decreto presidencial no alcanza para ponerle fin a la Zona Fría, ya que para eso se requeriría de una ley que la derogue, es evidente que el gobierno nacional está allanando el terreno para discutir este beneficio y otros tantos subsidios energéticos.
Por eso se fijó un período de transición para la mutación que va del 1 de junio al 30 de noviembre, con la posibilidad de prorrogarlo 6 meses más. Tal vez entienden que en ese lapso podrán construir el respaldo político para dar la batalla en el Congreso.
Quién paga la Zona Fría y a quiénes alcanza
Hay que decir que el beneficio de Zona Fría se sostiene con un aporte del 7,5% de todos los usuarios de gas del país que va a un fideicomiso creado para ese fin (el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos residenciales de gas), con el que se le paga a las distribuidoras los descuentos que hace a cada usuario. Es decir que los fondos con los que se sostiene no salen de la recaudación estatal como ocurre con los subsidios.
En 2023 ese fondo recaudó más de $94.849 millones, pagó los costos del sistema y gracias a las inversiones que se hicieron con el dinero sobrante terminó el año con un superávit de $58.970 millones.
En marzo, gracias a las denuncias de las distribuidoras de gas se conoció que desde enero Caputo había frenado el pago del régimen de Zona Fría. Ese retraso puso en jaque a unas 40 pequeñas distribuidoras del país, que en febrero habían recibido el pago que correspondía a diciembre. Recién a mediados de mayo, el ministro salió a saldar menos de la mitad de la deuda, cuando liberó $4.300 millones.
Pero la raíz de los cuestionamientos libertarios a este beneficio radica no sólo en el hecho de que no contempla la situación socioeconómica de los beneficiados, sino que también cuestionan cómo se definió qué zonas eran frías y cómo la política metió la mano en eso.
"Cuando se amplió en el 2021, como el kirchnerismo pretendía conseguir los votos para lograr la sanción metieron en la categoría de zona fría al Sur de Santa Fe, parte de Córdoba, un sector de San Luis y una buena parte de Buenos Aires. Toquetearon las isotermas como se les antojó y armaron quiosquitos para cosechar votos", recordó uno de los diputados que en aquel momento se opuso a la reforma.
En esa reforma, el ex diputado nacional José Luis Ramón pujó para que toda la provincia ingresara en el beneficio. Así se llegó a que la zona Noreste de la provincia tuviese el descuento del 30% de la factura, y que zonas cordilleranas desde Luján hacia el Sur quedaran alcanzadas con un beneficio del 50% del total facturado.
"Esto es un derecho de quienes vivimos en zonas en las que tenemos que soportar tres meses de frío. A diferencia de otras zonas, como el Norte de Buenos Aires que tienen un mes de frío. Lo que hace la ley de manera pareja, de manera solidaria, es establecer que además que los más vulnerables, como los jubilados, pensionados o discapacitados tienen un descuento del 50%", defendió Ramón.
En paralelo el ex diputado nacional, no sólo le envió cartas documentos al presidente Milei y al ministro Caputo para advertirles que los fondos de la Zona Fría son intangibles y no se les puede dar otro destino sin derogar la ley, sino que también prepara una demanda colectiva de tutela que ingresará en el Juzgado Federal de Mendoza, amparándose en el derecho a la salud de quienes hoy tienen el beneficio en la provincia.
En Mendoza creen que los subsidios deben ir a los más vulnerables
Palabras más palabras menos, en Casa de Gobierno comparten un criterio básico que Milei defiende a la hora de cuestionar la Zona Fría: el beneficio tiene que ir a los más vulnerables, a aquellos que no pueden pagar el servicio.
"Hay zonas que son más dependientes de este beneficio, como es Malargüe o Uspallata por ejemplo, pero no es posible que tenga el mismo descuento alguien que tiene loza radiante en su casa de Luján, que el que tiene un pequeño calefactor en una casita de Neuquén", cuestionan.
En la mesa chica de Cornejo creen que cualquier subsidio que solvente el Estado tiene que tener como destinatario sólo al que no pueda pagar y en todo caso marcan que se podría contemplar planes estímulo para los que puedan demostrar que ahorraron energía en sus consumos. "Si realmente queremos ir a una matriz de consumo de eficiencia, el criterio de contemplar sólo el lugar de residencia, sin pensar en el consumo, no sirve", argumentan.
"Nosotros creemos que hay que mantener el criterio de darle subsidio al que realmente lo necesita y hacer eficiente el consumo, que es en lo que venimos trabajando por ejemplo con el Fondo Compensador eléctrico, que hoy tiene $60.000 millones, de los cuales sólo $1.000 millones manda Nación, el resto lo pone la Provincia. Ese fondo hoy alcanza a 11.000 jubilados y pensionados, pero aspiramos a que beneficie a unos 50.000 porque entendemos que la crisis acható sus ingresos", marcó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Tanto en Casa de Gobierno como en la Casa Rosada tienen hoy otro freno para avanzar con esta idea de subsidiar sólo a los más vulnerables: no tienen estadísticas reales de los ingresos de la población porque el 60% se mueve en la economía informal.
Eso explica que en una reunión del Ministerio de Economía, de la que participaron funcionarios locales, se haya admitido que aún no están dadas las condiciones políticas ni sociales como para implementar el shock en materia de subsidios y eliminar la Zona Fría.
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