Durante el año 2017 se produjeron numerosas reformas al sistema procesal penal de Mendoza, basadas en criterios de sociedades modernas. Uno es el movimiento de la víctima dentro del proceso y fuera de él como actor fundamental de la sociedad, ya que si bien no se quiere que haya víctimas, mucho menos se quiere que haya delincuencia, que es la que crea a las víctimas. Nadie decide ser víctima; es una cruenta decisión de otro, del victimario.
Otros elementos que se incorporaron al proceso fue extender cada vez más la cercanía con el juez, la llamada “inmediación”, y la oralidad lo más amplia que se pueda.
En el caso de los presos, cuando ya hay derecho a solicitar su libertad según el Código Penal y la ley de Ejecución de la Pena, en todo el país, y antes también acá en Mendoza, el preso presentaba un escrito y el juez resolvía por escrito previo informes del mismo sistema.
Era un sistema donde no había inmediación, oculto tras las fojas de los expedientes e informes.
Debo decir que nos pareció importante que quien comete un delito, el que muchas veces arruina la vida de la víctima, dejándola con secuelas a veces de por vida, pudiera ver y observar por sí mismo el resultado de su acción, que no se olvidara que dañó a otro, y que eso perdura en la gente.
Dado esto es que se sustituyó ese pedido escrito convirtiéndolo en una audiencia oral, en y con presencia del juez. Y se dio participación a la víctima, citándola para que se presente a esa audiencia o presente un pedido a su arbitrio, el que desee, el que su humanidad y ganas produzca. O que no concurra, pero que sepa que la persona que la dañó está solicitando salir y que el Estado está atento a eso, y que le da una participación que antes no poseía.
No sólo; también se abrió a todos el legajo del condenado, el que era secreto. Es pública su vida adentro de los establecimientos, está allí por cometer un hecho muy gravoso confirmado por un juez del Estado de Derecho, y es importante saber si va mejorando o no; si cumple los reglamentos carcelarios y, con esas mismas reformas que produjimos allí, si trabaja o estudia.
Todo eso va a la audiencia y se analiza cada caso.
Por tanto en Mendoza, por más que un juez diga que van a salir todos, o proponer criterios para salidas masivas como quiere buena parte del denominado zaffaronismo que, incluso, se encuentra en muchas oficinas de nuestro Poder Judicial, lo cierto es que Mendoza puso una garantía: por cada persona que quiera salir, deberá hacerse una audiencia oral y citar a la víctima.
Es una garantía de institucionalidad que no es común en el país y que implica seguridad para todas las partes; tanto para la víctima que está bajo la atención del Estado, como para el condenado que deberá mejorar su conducta incluso en relación con la víctima en la comprensión de su dolor y en la mejora del trabajo y el estudio, y con los jueces a cargo, los que no pueden emitir resoluciones de libertad total motivados por sí o por presión de algún sector político: siempre habrá una audiencia con la víctima que significará una pared a malas libertades generales.
No nos olvidemos que con las libertades en Buenos Aires de condenas por corrupción al Estado, estas ideas de liberaciones masivas, y estas asonadas de presos, tapan el efecto de esas libertades injustas que ponen en entredicho el sistema de justicia, hoy intentando cubrirlas aprovechando la pandemia.
Normas democráticas nos dan una mejor institucionalidad a nuestra provincia.