La autoridad de aplicación y reglamentación será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, o la autoridad que en el futuro la remplace.
La Ley Yolanda tuvo sanción definitiva en el Congreso de la Nación el 18 de noviembre de 2020, y se reglamentó un año después. Cambio climático, protección de la biodiversidad y ecosistemas, economía circular y desarrollo sostenible son algunos de los ejes que contempla la ley en su artículo quinto. La finalidad de esta capacitación será adquirir una perspectiva de desarrollo sostenible que contemple tanto lo social, como lo económico y lo ambiental.
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¿Quién fue Yolanda Ortiz?
La ley homenajea a Yolanda Ortiz, quien falleció en 2019 a los 94 años y fue la primera persona en liderar la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente de la Argentina, tras la creación de esta dependencia durante el tercer gobierno de Perón. Fue la primera mujer en ejercer este cargo en América Latina.
Ortiz estudió Química en la Universidad de Buenos Aires y continuó su formación en Francia y Estados Unidos, en donde se especializó en áreas como la contaminación y toxicología industrial. Pionera de las causas ambientales, durante su gestión se destacó por incorporar la perspectiva ambiental en los sectores industriales y productivos. También, trabajó junto con el Ministerio de Educación, ya que consideraba que la educación representa el componente de mayor valor estratégico para cambiar los hábitos y la visión de desarrollo.
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Las instituciones que participan
En la reglamentación de la ley se creo una coordinación para la implementación de la ley en el ámbito de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional de la cartera de Ambiente nacional, a cargo de Cristina Ruiz del Ferrier, a la vez que aprueba los lineamientos generales que orientarán las capacitaciones, diseñados de manera conjunta y en un proceso participativo de consulta entre el Ministerio de Ambiente, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), el Consejo Interuniversitario Nacional y 244 instituciones científico-académicas y organizaciones de la sociedad civil que participaron de la convocatoria abierta efectuada desde el 28 de abril al 28 de julio de 2021.
Además, establece las funciones y responsabilidades para la implementación de la ley por parte de las autoridades de aplicación y la coordinación de implementación junto a las y los representantes designados por los distintos organismos del Estado nacional.
