Mientras en el Congreso avanza la discusión del proyecto de ley que busca reformar el régimen jubilatorio de jueces, fiscales y diplomáticos, en Mendoza ya son 52 los magistrados que están en condiciones de jubilarse y varios ya han iniciado trámites para evitar los cambios que el Gobierno Nacional busca implementar al sistema. La cifra no es menor, ya que se especula que en el ámbito federal serían unos 210 los jueces que buscarían jubilarse.
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"Hasta enero desde la Corte nos informaron que eran ya 52 los jueces que estaban en condiciones de jubilarse, esto es que tienen los años de aporte y servicio y que tienen más de 60 años. Es más, muchos de ellos ya nos comunicaron que habían renunciado al cargo por la incertidumbre que genera el proyecto de reforma al régimen jubilatorio. Para el sistema local reemplazar a esa cantidad de jueces será un problema", adelantó Silvina Furlotti, presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza.
La situación de los jueces mendocinos es igual a la de los magistrados federales, ya que en la década del 90 la provincia transfirió la caja de jubilaciones a la Nación y por esta razón los cambios afectan por igual a los magistrados locales. Esa diferencia también se refleja en los haberes que perciben los magistrados locales y los que cobran otros cuyas provincias no trasladaron sus cajas.
De hecho, el titular de ANSES, Alejandro Vanoli reflejó esta diferencia a la hora de defender el proyecto oficial.
El proyecto del Gobierno eleva del 11 a 18% los aportes adicionales al régimen general, establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber- y eleva la edad jubilatoria a los 65 años, aunque finalmente, y producto de las negociaciones, el incremento quedó solo acotado a los hombres y con una escala gradual hasta 2025.
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"Sobre el proyecto del Gobierno creo que nadie se opone a que suban el porcentaje de aportes, e incluso la edad jubilatoria, lo que genera incertidumbre entre los jueces es que no hayan cedido sobre la cláusula transitoria para determinar desde cuando se aplica la reforma, lo que genera suspicacias sobre el porqué de mantenerse en esa postura. Da a entender que lo que busca es forzar una renovación de esa cantidad de jueces que indefectiblemente se van a jubilar", explicó Furlotti, quien también integra la Asociación Argentina de la Magistratura.
El reemplazo con conjueces
La titular de la Asociación de Magistrados mendocina, explicó que de producirse la estampida de 210 jueces del fuero federal que saldrán a jubilarse para evitar que se les toque el 82% móvil, el problema que se generaría es cómo reemplazarlos y que es justamente ese dilema lo que fomenta especulaciones políticas que apuntan a que lo que se pretende es buscarles reemplazos que sean afines al oficialismo.
"Lo legal indica que si esos jueces se jubilan se los reemplace con otros magistrados que tengan el acuerdo del Senado, pero ante la necesidad de cubrir esos cargos puede que se nombren a conjueces, que es un cargo débil porque al no tener el respaldo legislativo, son más permeables a los humores políticos, porque es la política la que lo puso en ese cargo", concluyó Furloti.