El presidente Javier Milei aprobó un aporte financiero reintegrable de más de $580.270 millones para el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para los jubilados y afrontar pagos pendientes con proveedores y prestadores.
En abril, los médicos en Mendoza realizaron un paro que se extendió por tres días, en reclamo a un cambio del nomenclador que reducía el pago por prestación. A esto se le suma el conflicto con algunas provincias por deudas de servicios en sus hospitales.
La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La decisión coincide con un fallo que obliga a Nación a normalizar los pagos a los prestadores para las personas con discapacidad.
La crítica situación del PAMI
En el texto, el Ejecutivo reconoció la “crítica situación financiera” que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, motivo por el cual decidió asistir al organismo.
Según la resolución, los fondos estarán destinados a cubrir obligaciones asumidas con prestadores y proveedores, además de asegurar el funcionamiento de los servicios y prestaciones que brinda el PAMI.
La obra social de los jubilados acumula años de cuestionamientos por parte de los afiliados y de las asociaciones médicas, con las que tiene convenio y que alertan sobre su desfinanciamiento. Entre ellos, la quita de medicamentos gratuitos, como la falta de respuesta a tratamientos.
Tan grave es la situación que hasta la Justicia ordenó al PAMI restituir la asistencia médica a los adultos mayores.
Para concretar la asistencia financiera, el Ministerio de Economía dispuso la ampliación de emisiones de Letras del Tesoro Nacional capitalizables en pesos con vencimientos entre julio y septiembre de 2026.
El aporte total será distribuido en tres instrumentos: el 33% mediante una letra con vencimiento el 31 de julio de 2026; otro 33% con vencimiento el 31 de agosto; y el 34% restante con vencimiento el 30 de septiembre.
La asistencia equivale a un total de $580.270.262.261,46 y se instrumentará a través de títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional.
Un fallo clave contra PAMI
La Justicia Federal de Córdoba intimó, en las últimas horas, al PAMI y al Ministerio de Salud de Nación a normalizar la cadena de pagos con los prestadores de discapacidad para que se pueda garantizar el acceso a los tratamientos médicos. La resolución da lugar a un amparo y fija una medida cautelar por 6 meses.
A nivel nacional, como en Mendoza, los prestadores médicos y los servicios de traslado, advierten la situación de quebranto para estas organizaciones frente al retraso en los pagos, la falta de actualización en el nomenclador y el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.




