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"Lo primero que hay que hacer con YPF es recomponerla", dijo Milei.
Y no se quedó ahí, sino que direccionó cañones hacia Cambia Mendoza y el gobierno local, que, no por haberse aliado –en parte- a la campaña del economista, deja de tener el ojo crítico de Llano encima: “En la Provincia acaban de sancionar que se paguen 89 mil millones de pesos para sostener una empresa pública en ese rubro. Empresa que, según entiendo, tiene como único objetivo pagar a directivos y síndicos que la integran”, lanzó.
Acto seguido, la todavía diputada provincial dijo que “hay que avanzar en procesos de privatización, al mismo tiempo que analizar de qué manera se encaran los procedimientos. A propósito de su idea de un Estado reducido “a la mínima expresión”, aclaró dos cosas: que seguridad y Justicia están garantizadas con fondos públicos y que salud y educación tampoco se tocarían, al menos por ahora: “No son reformas de primera generación”.
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La empresa pasaría nuevamente a manos privadas.
¿Milei va a vender YPF?
En el diálogo con medio radiales, el economista anunció este lunes que quiere privatizar la empresa. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, repitió, casi haciendo gala de un mantra que lo acompañó no sólo en campaña, sino en sus primeros pasos como referente económico en medios de comunicación y en el mundo académico.
No puso plazos para la recomposición a la que hizo referencia –cuando marcó que lo primero que hay que hacer es mejorarla-. Sí precisó que “en la transición que estamos pensando en la cuestión energética, YPF y Enarsa tienen un rol importante. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.
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"Que los que no nos votaron se queden tranquilos: vamos a hacer un grandísimo esfuerzo para estar a la altura de la confianza que han depositado los argentinos en nosotros", dijo Llano aquí abrazada con Milei.
El pasado 15 de septiembre se conoció que la Justicia de Estados Unidos había decidido que la estatización estuvo mal hecha y que por eso se conminaba al país a pagar 16 mil millones de dólares. Precisamente once años y medio antes –el 16 de abril de 2012- el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, impulsó expropiar el 51% de las acciones que le pertenecían a la firma española Repsol.
Ese fallo, dictado por la jueza de la Corte de Nueva York Loretta Preska, todavía puede ser apelado por la Argentina. El asunto ahora es saber si, con el cambio de gobierno y de mirada respecto a lo público y lo privado, el país efectivamente decidirá recurrir aquella definición en contra de sus arcas que se tomó en los Estados Unidos.
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