Luis Petri, ex ministro de Defensa y actual diputado nacional por Mendoza.
El diputado nacional por Mendoza Luis Petri (LLA) salió a bancar fuerte la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, uno de los temas previstos para las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación este verano; y un asunto en el que el oficialismo de Javier Milei apuesta a consolidar su perspectiva sobre seguridad.
"¡Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario! -escribió el ex ministro de Defensa en su perfil de X- ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?".
Además, Petri confirmó que Milei propondrá el tratamiento de este tema en el recinto porque es "un debate impostergable que requiere ser resuelto por el Congreso de la Nación".
De hecho, el legislador mendocino compartió otro tuit del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el que se habla de una reunión concretada este lunes y se añade que la "Ley Penal Juvenil" formará parte del temario en las sesiones extraordinarias.
Manuel Adorni ley penal juvenil
Adorni también confirmó que la "Ley Penal Juvenil" es uno de los proyectos que pretende impulsar el Ejecutivo en el Congreso.
El debate por la edad de imputabilidad
Petri subrayó que "Argentina cuenta con una de las edades (de imputabilidad) más altas del mundo y eso genera la imposibilidad de hacer justicia y la impunidad para quienes cometen delitos aun comprendiendo cabalmente lo que hacían".
Por eso, calificó la baja de imputabilidad como "una lucha de décadas que tiene que quedar definitivamente saldada".
Actualmente en Argentina la edad mínima de imputabilidad penal está fijada en 16 años. A los menores de esa edad no se los puede condenar penalmente. Entre los 16 y los 18 sí está la posibilidad de implementar penas, aunque con muchas limitaciones, ya que no se los puede condenar por delitos que no excedan 2 años de prisión.
A partir de los 18 sí rige el régimen penal de adultos. Para cambiar eso, se han propuesto proyectos de bajar la edad, por ejemplo, a los 14.
En ese sentido, la postura del gobierno nacional se diferencia de la de buena parte de la oposición, que acusa a Milei de tener una postura punitivista.
El gobierno y su estrategia
En los últimos días, los principales referentes de la gestión libertaria acordaron avanzar durante las sesiones extraordinarias del Congreso con la incorporación de este proyecto para bajar la edad de imputabilidad de menores.
Manuel Adorni precisó que el oficialismo impulsará el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y acompañará otro de los proyectos considerados “bandera” del Gobierno: la reforma laboral.
Además, quedó establecido que durante febrero también se debatirán la ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la designación del diputado del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.
En la foto difundida, se ve una mesa con el equipo de trabajo integrado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El rol de los gobernadores y los puntos en conflicto de la reforma laboral
Desde el oficialismo admiten que el escenario político es hoy más favorable para avanzar con la reforma laboral, aunque persisten objeciones por parte de los gobernadores. En particular, generan resistencia algunos artículos vinculados a modificaciones impositivas, por su eventual impacto negativo en la recaudación de las provincias.
En ese contexto, el Gobierno se mostró dispuesto a negociar cambios en los puntos más sensibles del proyecto con el objetivo de asegurar los apoyos necesarios. De hecho, Diego Santilli tiene previsto viajar en los próximos días a Misiones, una de las provincias consideradas clave dentro de los bloques de centro que hoy concentran la atención del Ejecutivo.
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La senadora Patricia Bullrich, otro de los alfiles de Javier Milei en el Congreso.
La iniciativa, que supera los 200 artículos, cuenta con dictamen desde fines de diciembre, pero su tratamiento en el recinto debió postergarse para las sesiones extraordinarias del Congreso de febrero ante las dificultades para reunir los votos. El texto aprobado en un plenario de las comisiones de Trabajo -que presidió Bullrich- y de Presupuesto y Hacienda incorporó solo una parte mínima de las modificaciones planteadas durante las tres jornadas de exposiciones, en las que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, dirigentes sindicales y representantes del sector empresario.
Los bloques dialoguistas acompañaron el dictamen como un gesto de respaldo político al Gobierno y, en particular, a Patricia Bullrich, en su rol de nueva interlocutora del oficialismo en el Senado. La firma funcionó también como una estrategia para ganar tiempo y mantener abiertas las negociaciones hasta el momento del debate en el recinto.
